“Ley antimarchas” de Q.Roo pondrá a prueba al oficialista Ombudsman: PRD

CANCÚN, MX.- Julio César Lara Martínez, líder del PRD en Quintana Roo, y el diputado local por ese mismo partido, Jorge Aguilar Osorio, coincidieron en señalar que la llamada Ley de Ordenamiento Social, conocida ya como “ley antimarchas” será la primera prueba para el recién impuesto Ombudsman del estado, Harley Sosa Guillén, pues ésta atente contra las garantías individuales de los quintanarroenses.

Lara Martínez comentó que se estudia con abogados, la posibilidad de promover una  acción de inconstitucionalidad en contra de la recién aprobada ley, a través de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, lo cual aún tendrán que definir; aunque una vez que sea publicada la nueva legislación, se interpondrá un amparo.

En este mismo sentido, Aguilar Osorio, destacó que “esta será la primera prueba para el recién nombrado Ombudsman, para pronunciarse y demostrar su independencia, para pronunciarse en contra de esta ley que afecta los derechos humanos de los quintanarroenses”.  

En conferencia de prensa, los perredistas destacaron el carácter represivo e incongruente de la Ley de Ordenamiento Social.

El líder estatal del PRD, señaló la ley de Quintana Roo es idéntica en algunos artículos a la Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal, “pero le quita las bondades, como la participación de la sociedad” (…). Esto que en el Gobierno del Distrito Federal se protege, aquí se niega, por eso yo digo que es una copia mañosa y tendenciosa de la ley de cultura cívica del distrito federal, porque todo lo que habla de vías, de la protección, del uso de vías, no aparece en la ley local; copian los artículos y los incisos que les convienen, con el objetivo de hacer una ley restrictiva, con intenciones represivas, autoritarias, esta ley pretende criminalizar  las protestas de la sociedad, violenta los derechos de los ciudadanos quintanarroenses consagrados en la Constitución, como el derecho a la manifestación, al libre tránsito, a la opinión”, subrayó Lara Martínez.

Criticó que el autor de la Ley de Cultura Cívica de Quintana Roo, el diputado Juan Carrillo Soberanis, ahora pretende “conculcar derechos de los quintanarroenses cuando el mismo (…) ha hecho uso de esos derechos, tan es así que hizo una manifestación en el municipio de Lázaro Cárdenas, y que él defiende que era su derecho, y  ahora se lo quiere conculcar al resto de los quintanarroenses”; recordó, en alusión a una manifestación que el legislador y también líder del Frente Juvenil Revolucionario organizó en contra de la entonces alcaldesa panista de Lázaro Cárdenas Trinidad García Arguelles.  

Por su parte, Jorge Aguilar Osorio, señaló que “la ley no tiene ni pies ni cabeza, porque empieza regulando la cultura cívica y termina tratando de regular las marchas”.

Comentó que los diputados de oposición, (a excepción de Luis Roldán, de Movimiento Ciudadano que no asistió por ser un personaje cercano al secretario de Gobierno, Gabriel Mendicuti) trataron de que la ley se discutiera ampliamente, pero el PRI echó mano de la mayoría que tiene en el Congreso.

Explicó que la gente se manifiesta porque las autoridades no les resuelve sus problemas, y con esta ley se está coartando la libertad de manifestación, al solicitarles a los ciudadanos que le pidan permiso a las autoridades, que no les solucionan sus problemas, que les permitan manifestarse, “me parece una lógica ridícula”.   

Enfatizó que no hay punto de comparación con el Distrito Federal, donde se surgió esta ley, porque mientras a la capital llegan manifestantes de todo el país, en Quintana Roo se manifiestan los quintanarroenses, y la vida turística es muy importante, nosotros legislamos para los quintanarroenses “y nuestra obligación principal es para los quintanarroenses y los mexicanos”, mencionó, pues dijo que aunque es positivo ser sensibles a la principal actividad, que es el turismo, sería un error “si nos empezamos a preocupar primero por los extranjeros”.

El diputado perredista aseguró que en la “ley antimarchas” “se establecen sanciones más amplias para los que se manifiesten, que para los tratantes de blancas”, de acuerdo al Código Penal. (NoticaribeNews)