Corrupción protege a hotel depredador Grand Coral de la Riviera Maya. No paga multa de 3mdp

Fabiola Cortés Miranda

PLAYA DEL CARMEN, MX.- Aunque el ayuntamiento de Playa del Carmen anunció una multa de tres millones de pesos al hotel  Grand Coral de la Riviera Maya por no contar con la correspondiente licencia de construcción para realizar cualquier tipo de trabajo, la realidad es que el grupo hotelero, no ha pagado ni un solo peso.

A principios de agosto, el director general de Ordenamiento Ambiental y Desarrollo Urbano, Eduardo Morentín Ocejo, anunció que como parte del procedimiento administrativo al que se sometió al hotel Grand Coral por iniciar obras sin contar con los permisos correspondientes se le impuso a la empresa con razón social Playa Paraíso Maya S.A de C.V., una sanción de 50 mil salarios mínimos, equivalentes a alrededor de 3 millones 188 mil pesos. 

Sin embargo, de acuerdo a la solicitud de información 00214614, hasta la fecha, no existe ningún recibo de pago de Grand Coral a favor del ayuntamiento: “(…) no hay recibos pagados por el hotel Grand Coral (con razón social Playa Paraíso Maya S.A de C.V.) al ayuntamiento por las multas impuestas por la Dirección General de Ordenamiento Ambiental y Desarrollo Urbano en la presente administración”, respondió el tesorero Gabriel Castro Cárdenas.

Por su parte, el director de Desarrollo Urbano, Morentín Ocejo contestó que “no se ha expedido recibo alguno para pago por sanción al hotel Grand Coral (…) toda vez que se encuentra impugnada la sanción impuesta, haciendo valer su derecho de defensa la recurrente razón social en un proceso administrativo, por lo que se deja en suspenso dicha sanción mientras se resuelve el mismo, conforme a las garantías individuales 14 y 16 constitucional”.

El procedimiento contra el polémico hotel Grand Coral, inició luego de que el 26 de junio pasado inspectores municipales se presentaron en este centro de hospedaje tras recibir denuncias por devastación de manglar; al llegar al lugar, encontraron un amplia zona ya despalmada, así como trabajos de despalme en proceso que no contaban con las autorizaciones municipales, por lo que se procedió a clausurar las obra.

Unas semanas después, el 14 de julio, y sin ninguna prisa por corroborar los enormes daños ambientales, se presentaron al lugar inspectores de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), quienes constataron la afectación de 8 mil 348 metros cuadrados de especies protegidas en la NOM-059-SEMARNAT-2010, que incluye los varios tipos mangle existentes en el estado, así como la palma chit. Además, la dependencia encontró que  los sellos de clausura que le impuso a las obras hace cuatro años, habían sido violentados por los desarrolladores españoles, por lo que se limitó a reponerlos.

Pierde el medio ambiente, gana la corrupción

A nivel municipal, la Dirección de Ordenamiento Ambiental y Desarrollo Urbano no tiene facultades para sancionar la devastación de miles de metros cuadrados de manglar y otras especies protegidas, por ser competencia federal, es decir de la Profepa; sin embargo, en su ámbito, le corresponde imponer una sanción económica por haber iniciado obras sin contar con licencia de construcción.

El 28 de junio pasado, unos días después de que se descubrió el ecocidio, el alcalde de Playa del Carmen, Mauricio Góngora Escalante sentenció que: “se aplicará todo el peso de la ley y se procederá a las sanciones correspondientes”.

El 1 de agosto, el director general de Ordenamiento Ambiental y Desarrollo Urbano, Eduardo Morentín Ocejo, aseguró que el ayuntamiento de Playa del Carmen determinó imponer una sanción de 50 mil salarios mínimos, equivalentes a alrededor de 3 millones 188 mil pesos al hotel Grand Coral por la falta de licencia de construcción.

A casi tres meses de dicha declaración, el funcionario no tiene una explicación convincente de por qué el depredador hotel Grand Coral no ha pagado la multa; pues según Morentín Ocejo, no lo ha hecho porque impugnó la sanción impuesta,  lo que “deja en suspenso dicha sanción mientras se resuelve el mismo (procedimiento administrativo), conforme a las garantías individuales 14 y 16 constitucional”.

La explicación del Director de Ordenamiento Ambiental y Desarrollo Urbano suena poco creíble, sin gran fundamento legal, quizás porque se trata de una tranza encubierta, pues en lugar de referirse al procedimiento administrativo, el funcionario dice que la multa queda en suspenso conforme al artículo 14 y 16 de la Constitución mexicana. 

Este funcionario pretende engañar haciendo creer que la Carta Magna tiene algo que ver en este asunto de procedimiento administrativo; y que por eso no ha podido cobrar la multa. O es muy ignorante o se quiere pasar de listo o cree que los ciudadanos viven en la total ignorancia.  

Para que quede más claro. El artículo 14, se refiere a la retroactividad de las leyes, esto es que “a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna”.

En tanto, el artículo 16 refiere, entre otros aspectos, que “nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho”.

Como se lee, ninguno de estos artículos tiene nada que ver con el supuesto procedimiento administrativo que impugnó el hotel Grand Coral, que ha arrastrado su enorme estela de corrupción desde España hasta la Riviera Maya, donde ha recibido la mayor de las protecciones y el encubrimiento, tanto a nivel federal, con la Profepa que se presenta cuatro años después a colocar sellos de clausura violentados, y que no ha impuesto multa alguna por la devastación de enormes extensiones de vegetación protegida; como de las autoridades municipales que simulan sancionar a la firma hotelera, de la que, por cierto, es imagen la campeona de golf, Lorena Ochoa, quien gracias a un millonario contrato pasa por alto el historial de corrupción financiera y de depredación ambiental  de este complejo hotelero condominal, con campo de golf incluido.

En las imágenes que se presentan a continuación, se puede ver que desde sus inicios el Grand Coral, cuyos socios mayoritarios son los españoles Juan Vicente Ferri y José Salvador Baldó no tuvieron el mínimo respeto por la legislación ambiental mexicana y mucho menos les importó el irreversible daño causado al medio ambiente; guiados sólo por recuperar lo más rápido posible, la rentabilidad de un negocio auditado por las autoridades financieras de España que presumen se cometió bajo circunstancias fraudulentas. (NoticaribeNews)