El papá del gobernador Roberto Borge, funcionarios y viejos políticos, en la lista de ecocidas

Fabiola Cortés Miranda 

CANCÚN.-Durante el 2013, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) impuso 153 sanciones en Quintana Roo, casi todas por afectaciones a la vida silvestre, y en la mayoría de los casos estableció multas; mientras que en el 2014, la cifra disminuyó a 94 sanciones. 

Entre los sancionados hay lo mismo desarrolladores hoteleros e inmobiliarios, poderosos grupos empresariales como Xcaret, que particulares, funcionarios y políticos; será de estos últimos de los que hablaremos en esta nota.   

Profepa, “amiga” del papá del gobernador Roberto Borge Angulo

En 2013, entre los sancionados por la Profepa están Roberto Borge Martín, padre del gobernador del estado, Roberto Borge Angulo, por “carece(r) de autorización de impacto ambiental para la realización de obras y actividades”, en Cozumel. La multa impuesta por la dependencia fue de solo 50 mil 059 pesos.

En eso terminó la denuncia interpuesta el 18 de abril del 2013  por la asociación ecologista Cielo, Tierra y Mar (Citymar), en la que documentó  con fotografías y testimonios, la destrucción de manglares que el padre del Gobernador realizó en un Área Natural Protegida (APN), conocida como Playa Punta Francesa, para remodelar un club de playa de su propiedad.

Guadalupe Álvarez Chulim, presidenta de Citymar, informó en su momento, que en el lugar, además de la devastación de manglares, especie protegida, se rellenó la playa: “en esa área no existía playa, sino roca costera, no sabemos de dónde se está extrayendo la arena, ya que no se nos permite el paso como ciudadanos y trabajan de madrugada”, señaló; de acuerdo a una nota publicada por Proceso, el 18 de abril.

El 17 de mayo, un mes después de la denuncia, la Profepa, -cuando aún era delegada Ludivina Menchaca-, realizó una inspección de la zona, la cual concluyó con la ridícula multa, en la que se descartó la afectación al manglar puesto que la dependencia sólo sancionó que Roberto Borge Martín no contara con autorización de impacto ambiental para realizar obras y actividades, pero no el que haya causado afectaciones al manglar o a la duna costera.

La multa de 50 mil pesos resultó todo un regalito, y además, en estricto sentido, ni la Profepa sabe si Borge Martín la pagó...

Sale barato apropiarse de las playas

Fernando Eugenio Barbachano Herrero, sobrino de Fernando Barbachano Peón, recibió una multa por 67 mil 559 pesos, por utilizar y explotar la playa en Cancún sin contar con la concesión respectiva, y además, impedir el libre tránsito por la misma. Como se lee, resulta barato apoderarse de la zona federal marítimo terrestre, colocar mobiliario y explotarla; y por si fuera poco impedir el libre tránsito o el disfrute de las mismas.

La multa resulta más insignificante si se es sobrino de Fernando Barbachano Peón, a cuyos descendientes, entre ellos, Eugenio Barbachano, el gobierno de Yucactán les tuvo que comprar en alrededor de 220 millones de pesos los terrenos donde se asienta Chichén Itzá, en la administración de la ultra priista Ivonne Ortega.  

Por los mismos motivos que Barbachano; pero por actos cometidos en el municipio Othón
P. Blanco, fue multado con 40 mil 104 pesos, Luis Contreras Castillo, dueño y presidente del periódico Diario de Quintana Roo, y quien enfrentó (y perdió) un litigio tras ser acusado de haberse apropiado del hotel Grand Coco Bay/The Reef Coco Beach, en Playa del Carmen a través de una fraudulenta asamblea.

Quien fuera alcalde de Mahahual (2011-2013), Margarito Mayorga May, también está en el club de los que usan y explotan la playa sin contar con el permiso respectivo, ni pagar un peso partido por la mitad; aunque en este caso la sanción por 48 mil 045 pesos, no refiere que el ex Delegado impida el libre tránsito. Ya sería mucho…

Multas al ‘tres por uno’ por devastar para crear asentamientos irregulares

La Profepa impuso una multa de 150 mil pesos, en “combo” a las conocidas lideresas del PRI Amparo Matías Martínez y Hermelinda Cachón Castillo, quienes devastaron una amplia zona al poniente, a unos 10 kilómetros de Playa del Carmen, la cual lotificaron y vendieron, convirtiéndolas en las colonias irregulares Jacinto Canek y Vida y Esperanza; claro con el visto bueno de las autoridades municipales. En la multa-paquetón entraron Armando Garrigoz González, así como el ya fallecido Gregorio Alberto Canto Góngora, quien hace unas semanas fue ejecutado, y quien fundó otra colonia irregular en la misma zona, denominada Valle de la Primavera.

En palabras de la Procuraduría ambiental, la sanción se impuso “por llevar a cabo el cambio de uso de suelo en terrenos forestales en una superficie de 36 mil 716 metros cuadrados de un ecosistema de selva mediana subperennifolia, sin contar con la autorización correspondiente que al efecto emite la autoridad federal normativa competente”.

El despalme de la superficie es lo de menos, lo peor es lo que viene: miles de familias exigiendo a las autoridades por los servicios que los “desarrolladores” deben proporcionarles; y en este momento, sin drenaje, perforando pozos, y vertiendo sus desechos y contaminando el agua.
   

Director de Medio Ambiente y Sub Secretario de Desarrollo y Vivienda, juntos contra el ecosistema

En el 2014, el funcionario ecocida más “destacable” es Manuel Ricardo Pech Gómez, quien a nombre de CAT INC., S.A DE C.V. Coconuts, fue multado con 500 mil pesos por “carecer de autorización en materia de impacto ambiental para la realización de obras y actividades” en Cozumel.

Ca CAT INC., S.A DE C.V. Coconuts es un restaurante ubicado en la carretera Costera Oriente kilómetro 43.5, de Cozumel.

Pech Gómez, ha sido en la administración del gobernador Roberto Borge, subsecretario de Desarrollo Político de la Secretaría de Gobierno, y actualmente es subsecretario de Ordenamiento Territorial de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda.

De acuerdo a un post en la cuenta de Facebook La Avenida 35, Pech Gómez, junto con el desastroso director de Ecología, Eliot Reyes Novelo, está relacionado con la construcción ilegal de una palapa, en la Costa Oriental de Cozumel, y con el hotel “Ventanas al Mar”, también en la Isla de las Golondrinas.

En el informe de la Profepa no se detalla la ubicación de inmuebles o zonas sancionadas, aunque en el caso de la multa, fue en Cozumel, y por la razón social, se deduce que es el lugar denunciado en Facebook, donde se cometió el ecocidio.

En la lista de políticos enemigos del medio ambiente y la sustentabilidad, también aparece Pedro Ramón Peña Xicum, ex presidente municipal de Felipe Carrillo Puerto y ex secretario de Salud, quien tras larga ausencia de los reflectores, se placeó el sábado pasado en un evento del alcalde de Playa del Carmen, Mauricio Góngora.

Peña Xicum fue multado con 40 mil pesos por “carecer de autorización en materia de impacto ambiental para la realización de obras y actividades” en Mahahual. Pero el que fuera titular del Infovir es reincidente, pues recibió otra multa por la misma causa

Otro de los sancionados en 2014, fue el chetumaleño Jorge Jesús Marzuca Ferreiro, padre de Jorge Marzuca, dueño del club de playa Mamita’s. Aunque es empresario tiene fuertes vínculos con los políticos locales, al igual que su hijo. La Profepa le impuso al gasolinero  una multa de 43 mil pesos por “no acreditar con el documento en el que conste la concesión o permiso o autorización para usar, ocupar y aprovechar una superficie de zona federal marítimo terrestre, en el municipio de Othón P. Blanco, sin precisarse en qué destino turístico del sur del estado; y por no acreditar los pagos correspondientes por el uso, goce y aprovechamiento de la zona federal marítimo terrestre.

Multas de “chocolate”

En el 2013, el monto de las multas impuestas por la Profepa sumó 13 millones 877 mil 304 pesos; y en el 2014, la cifra fue de 7 millones 359 mil pesos, sin embargo, la Procuraduría no sabe quiénes de los que causan daños ambientales pagan las sanciones pecuniarias; y, por otra parte, los recursos no se aplican para reparar los daños.

Sobre este tema, la Profepa respondió a la solicitud de información 1613100000615 que: “me permito informar que la Dirección General de Administración a través de la Dirección de Programación y Presupuesto; señala que durante la administración 2014-2015 en la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, no han ingresado recursos por concepto de multas, ya que estén (sic) lo ingresan a la Tesorería de la Federación. En consecuencia no se ha dispuesto por este concepto para que se hubiesen destinado al resarcimiento de daños ambientales”.

Así que pírricas o de cientos de miles de pesos, las multas pueden ser sólo de papel, porque la Profepa no lleva un registro de quiénes las pagan. (NoticaribeNews)