"Brillan" por su opacidad municipios de Quintana Roo. Cancún "simula" que cumple

Fabiola Cortés Miranda

Lo anunció con bombo y platillo, convocó a conferencia de prensa, y presumió que a partir del siete de mayo Benito Juárez sería ‘el primer municipio en Quintana Roo en contar con toda la información de las dependencias municipales en su plataforma digital’, ello, para ‘dar cumplimiento al eje de transparencia enmarcado en el plan de gobierno del Presidente Municipal, Remberto Estrada Barba’, pero la realidad es muy distinta, pues Cancún es, junto con Puerto Morelos y Cozumel el municipio más opaco.

Ninguno de los tres municipios, los dos primeros gobernados por el PVEM y la Isla de las Golondrinas, por la panista Perla Tun, ha registrado dato alguno en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT), es decir, no han cumplido con las por lo menos 50 obligaciones de Transparencia que les ordena el artículo 91 de la Ley de Transparencia de Quintana Roo.

En el SIPOT no se consigna ni información mínima como el marco normativo, la estructura orgánica, las facultades de cada área, las metas y objetivos de cada área, o el directorio de todos los servidores públicos.

Menos aún, los ayuntamientos rinden cuentas sobre la remuneración bruta y neta de cada uno de los empleados; los nombres de las personas contratadas por honorarios y qué servicio prestan; las declaraciones de la situación patrimonial, fiscal y conflicto de interés; el padrón de beneficiarios de programas sociales; ni la relativa a los montos destinados a comunicación social y publicidad, precisando el nombre de las personas físicas y morales que reciben recursos por este concepto.

Sobre las finanzas de los ayuntamientos gobernados por los del PVEM y el PAN no se puede saber ningún dato, ya que no se tiene información sobre el presupuesto asignado, los informes del ejercicio trimestral del gasto, la deuda pública, los resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, y el resultado de la dictaminación de los estados financieros.

No obstante lo anterior, el tres de mayo pasado, funcionarios municipales de Cancún anunciaron en conferencia de prensa un “Benito Juárez de 10”, en el boletín oficial se presumió que “dando cumplimiento al eje de transparencia enmarcado en el plan de gobierno del Presidente Municipal, Remberto Estrada Barba, la Unidad de Vinculación de Transparencia y Acceso a la Información Pública (UVTAIP), presentó la Sección de Transparencia del sitio web www.cancun.gob.mx que entrará en operaciones el próximo 7 de mayo, con lo que Benito Juárez se convierte en el primer municipio en Quintana Roo al contar con toda la información de las dependencias municipales en su plataforma digital”.

Nada más alejado de la realidad: en el sitio web del ayuntamiento de Benito Juárez se encuentra información que no corresponde con las obligaciones de transparencia, por ejemplo, “la remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos de base o de confianza, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación, señalando la periodicidad de dicha remuneración”, se completa con un oficio de marzo del 2015, referente al tabulador.

Por su parte, la ex priista Laura Fernández Piña y quien recientemente se afilió al PVEM ha destacado en su administración como una de las funcionarias más opacas, pues no solo ha incumplido con el rubro de transparencia en el sitio del ayuntamiento de Puerto Morelos, y en el SIPOT, sino su administración ha sido omisa en dar respuesta a ciudadanos que han tenido que transitar por un verdadero viacrucis para obtener información parcial y datos incompletos, al grado de que solo a través de un amparo promovido por un integrante del Congreso Nacional Ciudadano (Conaci) se logró obtener información sobre el número de empleados que tiene el ayuntamiento.

Además, la Unidad de Transparencia de Fernández Piña ha dejado de responder múltiples solicitudes de información, ha requerido prórrogas en todas las solicitudes de información para luego no responder o ha  proporcionado información con datos ilegibles. 

Laura Fernández es "transparente" solo en el discurso, pues el cuatro de mayo pasado, la Presidenta municipal de Puerto Morelos firmó con la Secretaria de la Gestión Pública el acuerdo de coordinación en materia de transparencia y combate a la corrupción. Allí Fernández Piña afirmó que el compromiso de su administración y de todos los funcionarios públicos es entregar cuentas claras a la ciudadanía que así lo exige. “Debemos tener gobiernos transparentes, cercanos a los ciudadanos y cumplir lo que se promete”, agregó.

Solidaridad, tarea a medias y mal hecha

Solidaridad (Playa del Carmen), municipio gobernado por Cristina Torres, política priista que fue arropada por la alianza PAN-PRD, al igual que el actual gobernador Carlos Joaquín González, es la que cumplió mayormente con el registro de datos en la Plataforma Nacional de Transparencia, comparada con el resto de los municipios de la zona norte de Quintana Roo, todos caracterizados por basar su economía en el turismo. Sin embargo, la calidad de los datos es en la mayoría de los casos parcial, incompleta e incomprensible.

Así en el la obligación relacionada con el marco normativo aplicable, tiene 81 registros; en  la de la estructura orgánica muestra 16 registros, de los cuales 15 corresponden al Instituto del Deporte y uno al Instituto de las Mujeres.   

La fracción IV del artículo 91 de la Ley de Transparencia que requiere información sobre “metas y objetivos de las áreas de conformidad con sus programas operativos”, el ayuntamiento de Solidaridad tiene 124 registros en los que todas las dependencias y áreas tienen el único objetivo de “cumplir con la responsabilidad ética de generar servicios de calidad con un manejo transparente y honesto de los recursos públicos”.

Sobre los  indicadores  relacionados  con  temas  de  interés  público  o  trascendencia  social que  conforme a sus funciones, deban establecer los sujetos obligados, se cuentan con 92 registros, de los que no se puede deducir información clara, comprensible y menos útil para el ciudadano. En similares circunstancias está la fracción VI, relativa a “los indicadores  que  permitan   rendir   cuenta  de   sus   objetivos y   resultados,   así   como indicadores  de  impacto  y  evaluación  de  los  proyectos,  procesos  y  toda  otra  atribución  de  funciones” espacio que no provee de información que el ciudadano pueda considerar como una verdadera rendición de cuentas.

El directorio de servidores públicos tiene 1,045 registros; en facultades del área, se tienen 196 registros; en gastos en gastos por concepto de viáticos se encuentran 128 registros, pero no se detalla quién utilizó los viáticos;  en contrataciones de servicios profesionales, figuran 44 registros pero sin especificar el monto pagado, la función o trabajo prestado ni la remuneración mensual.

Sobre la fracción XXVII relativa a “las  concesiones,  contratos,  convenios,  permisos,  licencias  o  autorizaciones  otorgados, especificando los titulares de aquéllos, debiendo publicarse su objeto, nombre o razón social del  titular,  vigencia,  tipo,  términos,  condiciones,  monto  y  modificaciones (…)”, se tienen 127 registros, de los cuales la mayoría son información de convenios de otorgamiento de créditos de programas y permisos de uso de la vía pública.  

En apartados como Ia remuneración bruta y neta no hay registro alguno, tampoco en el total de plazas vacantes y ocupadas del personal de base y confianza,  en la declaración de situación patrimonial, fiscal y de conflicto de intereses;  en las convocatorias a concurso para ocupar cargos públicos, en el padrón de beneficiarios de  programas  de  subsidios,  estímulos  y  apoyos; las  condiciones  generales  de  trabajo,  contratos  o  convenios  que  regulen  las  relaciones laborales del personal de base o de confianza, así como los recursos públicos económicos, en  especie o donativos, que sean entregados a los sindicatos y ejerzan como recursos públicos, sanciones administrativas, los   montos   destinados   a   gastos   relativos   a   comunicación   social   y   publicidad   oficial desglosada por tipo de medio, proveedores, número de contrato, temporalidad y concepto o campaña,  objeto de la misma, fecha de inicio y de término,

Los otros municipios de la zona norte que también incumplieron con la transparencia son Cozumel, gobernado por la panista Perla Tun, que registró información alguna en el SIPOT, en tanto que Isla Mujeres, administrado por el priista Juan Carrillo, registró mínimos datos.  

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