Carlos Joaquín busca blindarse con Sistema Anticorrupción. Resultó peor que Roberto Borge

Fabiola Cortés Miranda

CANCÚN, MX.- En el marco de la adecuación del Sistema Anticorrupción en Quintana Roo, el pasado tres de mayo, el gobernador del estado, Carlos Joaquín González, envió a la XV Legislatura del Congreso una iniciativa que pretende la modificación de diversos artículos de la Constitución Libre y Soberana del estado de Quintana Roo, mismas que representan un blindaje anticipado para el propio Gobernador así como un grave retroceso en materias como la Transparencia.

Entre los cambios propuestos por Joaquín González está la modificación al artículo 160 de la Constitución local para establecer que “El Gobernador del Estado, durante el tiempo de su encargo, solo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común”, tal y como lo establece la Constitución federal para el caso del Presidente de la República, con lo que el jefe del ejecutivo estatal se vuelve prácticamente intocable.

También muy grave, es el retroceso que Carlos Joaquín González plantea al artículo 21, en materia de la elección de los Comisionados del Instituto de Transparencia, órgano autónomo al que desea someter, pues mientras Roberto Borge estableció en la legislación que la designación de los integrantes del Instituto de Transparencia se haría a propuesta de la sociedad civil, Carlos Joaquín deja esa facultad exclusivamente en manos del Poder Legislativo y además, pretende que se le conceda el derecho de “objetar” el nombramiento de los Comisionados.

La propuesta de reforma puede descargarse en este siguiente link  

UN GOBERNADOR TAN INTOCABLE COMO UN PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Entre las propuestas de modificación que Carlos Joaquín González envió al Congreso, están varias relacionadas con el artículo 160 constitucional, entre éstas, la adhesión de un párrafo, con el que Joaquín González se blinda contra cualquier intento de juicio político en su contra, mientras sea jefe del Ejecutivo al establecer que:

“El Gobernador del estado, durante el tiempo de su encargo, solo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común”.

Se trata de un párrafo idéntico al que establece el artículo 108 de la Constitución federal que dice: “El Presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común.”

El pretendido párrafo es inconstitucional y se contrapone con lo que dicta la Carta Magna, por ejemplo, en el propio tercer párrafo del artículo 108, que señala que “Los ejecutivos de las entidades federativas (…) serán responsables por violaciones a esta Constitución y a las leyes federales, así como por el manejo y aplicación indebidos de fondos y recursos federales.”

Carlos Joaquín, como no lo había intentado antes ningún Gobernador, pretende quedar en el supuesto de indefinición en el que se encuentra el Presidente de la República, que sólo puede ser acusado por “traición a la patria” y delitos graves del orden común, tales como homicidio doloso, secuestro, violación, etcétera.

Pero en ese mismo artículo 160 de la Constitución de Quintana Roo se establece, contradictoriamente, que procederá el juicio político en contra del Gobernador del  estado ‘cuando incurra en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho, así como por el manejo indebido de recursos públicos y la deuda pública’.

Como se lee, por una parte el artículo 160 pretende que el Gobernador solo pueda ser “acusado” por traición a la patria y delitos graves del orden común; y por otra, sigue siendo sujeto de juicio político por diversas causales.

La propuesta del Gobernador conserva el blindaje para sí y también para diputados, magistrados y presidentes municipales, quienes “sólo podrán ser sujetos a Juicio Político por violaciones graves a esta Constitución, y a las leyes que de ella emanen, así como por el manejo indebido de fondos y recursos del Estado.”

En este caso, la Ley no se homologó a lo que señala la Constitución federal en su artículo 108, en la parte arriba citada que no expresa que las violaciones a la Constitución deban ser “graves” para que proceda el juicio político.

QUIERE CARLOS JOAQUÍN UN INSTITUTO DE TRANSPARENCIA SUMISO AL PODER LEGISLATIVO Y A CAPRICHO DEL GOBERNADOR

En su iniciativa de Decreto, el Ejecutivo Estatal propone la reforma al artículo 21 de la Constitución del estado, en específico a los párrafos primero, segundo, tercero, quinto, sexto, octavo, noveno, décimo y décimo quinto.

En lo relativo a la elección y designación de los comisionados del órgano garante, es decir, el Instituto de Transparencia, Carlos Joaquín da varios pasos atrás de las modificaciones realizadas por su antecesor Roberto Borge, pues propone que “(los comisionados) serán nombrados con el voto de las dos terceras de los miembros de la Legislatura, A PROPUESTA DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS, previa realización de una amplia consulta a la sociedad (…)”. “El nombramiento podrá ser objetado por el Gobernador del estado en un plazo de diez días hábiles”.

Actualmente, de acuerdo a la Constitución del estado y a la Ley de Transparencia local, la elección de los Comisionados surge a propuesta directa de la sociedad civil, de los ciudadanos.

En el párrafo quinto del artículo 21 de la Constitución de Quintana Roo se lee que “Este órgano garante (el Instituto de Transparencia) estará integrado por tres comisionados que durarán en su encargo siete años, serán nombrados en los términos que prevea la ley (…)”.

Y la Ley de Transparencia de Quintana Roo, en su artículo 36,  fracción II, dice que el Congreso del estado convocará a la ciudadanía en general para presentar las propuestas de candidatos a comisionados, además de que “los aspirantes  podrán participar por sí, de manera directa o a través de una propuesta que otras personas hagan de ellos.”

Curiosamente, la ley aprobada en la administración de Roberto Borge privilegiaba la participación de los ciudadanos en el nombramiento de los comisionados del Instituto de Transparencia, que es el pilar principal de la rendición de cuentas y del combate a la corrupción.

La propuesta de Carlos Joaquín González, es idéntica a lo que dicta la Constitución federal para la elección de los Comisionados del Instituto Nacional de Acceso a la Información, siendo que en este caso se trata de funcionarios estatales.

Sin tener relación con la homologación del Sistema anticorrupción, tal parece que Joaquín González aprovechó la oportunidad para debilitar la autonomía, transparencia e imparcialidad en la elección de los próximos comisionados, quienes serán los responsables de la apertura u opacidad del actual gobierno.

La modificación propuesta por el actual Gobernador, en cuanto a la elección de los Comisionados del Instituto entra en conflicto con la Ley General y la Ley Federal de Transparencia.

Carlos Joaquín González también debilitó en términos económicos al Instituto de Transparencia, pues mientras el artículo 21 de la Constitución del estado, ordena que “(…) el Presupuesto de Egresos del Instituto no podrá ser menor al cero punto diez por ciento del Presupuesto de Egresos del Estado para el ejercicio fiscal de que se trate y en ningún caso, será menor al presupuesto otorgado en el año inmediato anterior”, el actual Gobernador eliminó dicho párrafo, y lo que es más, en su primer presupuesto no solo no cumplió con dotar al Instituto de por lo menos el cero punto diez por ciento del Presupuesto, dándole apenas  el 0.1% del Presupuesto de Egresos 2017, para dejarlo con solo 26 millones 417 mil pesos, menos que lo que ejerció en el 2016.

Somos Tus Ojos, asociación convocada a emitir sus observaciones a la propuesta presentada por el Ejecutivo Estatal como parte de los trabajos para la puesta en marcha del Sistema local anticorrupción en el estado, expresó su preocupación por el contenido de la iniciativa en el que se observa no solo el debilitamiento de una institución federal de por sí endeble, sino además un retroceso en aspectos fundamentales como el de la Transparencia, y una pretensión de que algunos funcionarios gocen de privilegios frente al nuevo sistema.