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jueves, diciembre 08, 2016

Desempolvan diputados transparencia, van a empezar a cumplir, dicen

Fabiola Cortés Miranda 

CHETUMAL, MX.-La XV Legislatura del Congreso de Quintana Roo desempolvó la nueva ley de transparencia del estado que contempla que todos los sujetos obligados deben contar con una Unidad de Transparencia y con un Comité para cumplir con las obligaciones en esta materia y para atender de manera más expedita las solicitudes de acceso a la información.

Aunque la actual ley de transparencia entró en vigor desde mayo pasado, la reestructura de esta área había quedado en el olvido, por lo que la actual legislatura en la sesión de este jueves dio entrada a una iniciativa de reformas y adiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo, para agregar el capítulo “De la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Poder Legislativo”.

Sin embargo, de acuerdo al diputado y presidente de la Gran Comisión, Eduardo Martínez Arcila, por cuestiones técnicas no se tiene una fecha para que el Poder Legislativo cumpla con las 50 obligaciones de transparencia señaladas en el artículo 91 de la Ley de Transparencia de Quintana Roo, y que sería un primer paso en la rendición de cuentas; además de las obligaciones contenidas en el artículo 94 de esta misma ley.

Hasta ahora el Poder Legislativo continúa incumpliendo con la rendición de cuentas, como puede verse en el link de Transparencia de su página; donde solo algunos aspectos se encuentran parcialmente satisfechos, y otros, que han sido siempre cuestionados continúan en la opacidad, por ejemplo, la fracción VIII del artículo 91 obliga al Poder Ejecutivo a publicar “la remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos de base o de confianza, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación, señalando la periodicidad de dicha remuneración”; pero, en la página solo se lee un “tabulador de percepciones” sin nombres y sin los detalles que ordena la ley.

La fracción IX que obliga a dar cuenta de “los gastos de representación y viáticos, así como el objeto e informe de comisión correspondiente”; también sigue sin cumplirse, e igualmente se tiene solo un tabulador.  

La fracción XI no se ha cumplido ni parcialmente, por lo que los quintanarroenses no podemos conocer nada sobre “las contrataciones de servicios profesionales por honorarios, señalando los nombres de los prestadores de servicios, los servicios contratados, el monto de los honorarios y el período de contratación, y en su caso, los procesos de evaluación a los que se sujeta la vigencia del contrato o su recisión”.

La fracción XIV, relacionada con “las convocatorias a concursos para ocupar cargos públicos, los requisitos, los procesos de selección, evaluación y los resultados de los mismos”, continúa sin información. Ésta evitaría que personas sin el perfil adecuado, como familiares de los propios legisladores ocuparan cargos por no cumplir el perfil, o que los puestos se asignen por pago de cuotas, compadrazgo o de forma discrecional.    

El Poder Legislativo igualmente ha sido incapaz de dar cumplimiento a la fracción XVII, relacionada con la anterior, y que contempla la publicidad del “perfil de los puestos y la información curricular, desde el nivel de jefe de departamento o equivalente, hasta el titular del sujeto obligado, así como, en su caso, las sanciones administrativas de que haya sido objeto”.

Tampoco se tiene los datos relacionados con “los montos destinados a gastos relativos a comunicación social y publicidad oficial desglosada por tipo de medio, proveedores, número de contrato, temporalidad y concepto o campaña, objeto de la misma, fecha de inicio y de término, dependencia o dirección que la solicita”; (fracción XXIII).

Lo anterior por citar solo algunos de los 50 items de información obligatoria a la que está sujeto el Poder Legislativo.

En cuanto a las obligaciones específicas, la XV Legislatura no ha dado cuenta de “el nombre de los asesores de las fracciones o de cada uno de los diputados, su currículo y remuneración percibida, especificando periodicidad”, entre otra.

En entrevista, Martínez Arcila señaló que el Congreso está en una etapa de modernización, de actualización del reglamentos y de reestructura para poder cumplir con un “Parlamento Abierto”.


Para la asociación “Somos Tus Ojos, Transparencia por Quintana Roo”, el cumplimiento en las obligaciones de transparencia no es un tema de recursos técnicos sino de voluntad política. Seguimos percibiendo una resistencia a cumplir con la rendición de cuentas en aspectos tan importantes como la transparencia en la contratación de personal, los perfiles que se deben cumplir y el gasto en nómina; pues el rubro de servicios personales es el que mayor presupuesto absorbe en prácticamente todas las instancias. 

domingo, diciembre 04, 2016

Cancún, sede de la COP 13, se encuentra en agonía ambiental

CANCÚN, MX.- En unas cuantas décadas, y nacido de la imaginación y la planeación de instancias gubernamentales y el financiamiento bancario,  Cancún se ha convertido en un ejemplo de depredación humana: ha perdido el 77 por ciento de sus selvas, el 64 por ciento de sus dunas costeras y el 68 por ciento de sus humedales (manglares) en los últimos 45 años, según un artículo publicado por Adriana Varillas en El Universal, a propósito de la Cumbre Mundial sobre Biodiversidad (COP-13) que se lleva a cabo en este destino turístico.


Un perfecto ejemplo de la pérdida de Biodiversidad local y regional, cuyos recursos naturales se han degradado por el desarrollo urbano y turístico no planificado o pervertido, así como por la sistemática violación de las restricciones contenidas en leyes ambientales, es Cancún, sede de la Cumbre Mundial sobre Biodiversidad (COP-13) y le siguen los pasos otros centros turísticos de Quintana Roo, como Puerto Morelos, Holbox, Tulum y Bacalar.

Las discusiones aquí, que involucran a 122 ministros de 196 países para signar compromisos que reviertan la veloz degradación de ecosistemas que hacen posible la vida humana en el planeta, siguen la ruta crítica marcada por las Metas de Aichi (2011-2020) ante la necesidad, entre otras cosas, de frenar y mitigar los impactos que provoca, a nivel global, la destrucción de ecosistemas de gran relevancia, ubicados en localidades y regiones.

Cancún -nacido de la selva y fruto de una de las planeaciones más extraordinarias en América Latina a cargo del Banco de México y Fonatur- de acuerdo con urbanistas de carácter nacional e internacional, ha perdido el 77 por ciento de sus selvas, el 64 por ciento de sus dunas costeras y el 68 por ciento de sus humedales (manglares) en los últimos 45 años, conforme a la investigación hecha por la Doctora en Desarrollo Económico y Sectorial, Christine Mc Coy.

La extensión original de las playas de Cancún –principal atractivo turístico del destino- ha disminuido en un 97 por ciento, pasando de 308 mil 892.34 metros cuadrados, a ocho mil 243.03, no sólo por el golpe de poderosos huracanes, sino por la construcción de más de 100 hoteles sobre la duna costera y el relleno de manglares, subraya Mc Coy Cador.

Si bien es cierto que en el pasado no había información tan contundente sobre  las consecuencias de edificar tan cerca del mar –excepto por la experiencia de Miami, bien conocida entonces- el saberlo tampoco detuvo a los inversionistas para seguir desarrollando sobre las dunas y rellenando manglares, ni los ha inhibido para rebasar los topes de construcción marcados en el Programa de Desarrollo Urbano de Cancún (PDU).

Leer aquí la nota completa: Cancún, ejemplo de daño ambiental

OHL vende mayoría de su resort de lujo Mayakoba, en la Riviera Maya. Ingresa 218 mde

MADRID, ES.- OHL ha enfilado la recta final del proceso de desinversiones anunciado para antes de final de este año con la venta de la mayoría del capital de los cuatro hoteles que posee en el resort de lujo Mayakoba, ubicado en la Riviera Maya (México), así como el campo de golf El Camaleón, sede permanente del PGA Tour.

La compañía controlada por Grupo Villar Mir ha llegado a un acuerdo con RLH Properties para traspasarle hasta el 80% de los establecimientos Fairmont y Rosewood, aunque está garantizada la venta de al menos el 51% del capital de sendos hoteles; así como un 51% del Bayan Tree y del Andaz, que todavía se encuentran en fase de maduración, y del campo de golf El Camaleón, un operación liderada por Lazard.

La oferta supone conceder al 100% de estos activos un valor de empresa superior a los 500 millones de dólares (unos 471 millones de euros) y permitirá a OHL generar una caja estimada de 218 millones de euros, con un mínimo asegurado de 158 millones, y una plusvalías, incluyendo la puesta en valor de la participación no vendida, de 71 millones de euros.

El cierre definitivo de la operación sólo está pendiente de ser aprobado por la asamblea general de RLH, broche previsto para antes de concluir este año. La compradora es una sociedad creada por BK Partners, especializada en la gestión de hoteles de alto nivel y cotizada en la Bolsa de Valores de México.

RLH es propietaria además del hotel Four Seasons de Ciudad de México, y de los hoteles One&Only Mandarina y Rosewood Mandarina, ambos ubicados en el Desarrollo Mandarina en la Riviera Nayarit, en fase de construcción y desarrollo, respectivamente.
Nueva alianza y resto del desarrollo

La operación se ha estructurado como la transmisión tanto de las sociedades propietarias de los activos hoteleros, como de las sociedades de servicios y del resto de sociedades pertenecientes al entorno de los hoteles.

Tras esta desinversión, OHL mantiene la gestión del resto del desarrollo de Mayakoba, donde destaca el proyecto Ciudad Mayakoba, donde se prevé desarrollar hasta 15.000 viviendas, un country club, y un área comercial en formato village.


Ademásde sellar la venta de los cuatro hoteles, OHL Desarrollos, filial del grupo constructor especializada en este tipo de negocio, ha sellado una alianza estratégica con RLH establecen una alianza estratégica para crecer juntos en el mercado hotelero de lujo en México, ya que la española está especializada en el desarrollo y puesta en valor de este tipo de complejos, mientras que la mexicana juega el papel de inversora. (El Confidencial)

A un año de solicitarse la Alerta de Género en QRoo, Gobierno no atiende el tema: ONG

CANCÚN.- A un año de que se solicitó la Alerta de Violencia de Género para municipios de Quintana Roo, el 4 de diciembre de 2015, el colectivo “Ni una menos”, considera que a pesar de foros, conferencias y declaraciones, actualmente en Quintana Roo no existen acciones contundentes para garantizar que la violencia ejercida en contra de las mujeres sea puntualmente atendida.

“Ni una menos” urgió a los diputados de la XV Legislatura a no aprobar la propuesta de Presupuesto de Egresos que reduce en 24% los recursos asignados al Instituto Quintanarroense de la Mujer (IQM), lo cual impedirá o dificultará notablemente el cumplimiento de las acciones establecidas por el Grupo de Trabajo de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Conavim).

“El Colectivo Ni una Menos exhorta, respetuosamente, a la Honorable Legislatura, a no aprobar este presupuesto, ya que la reducción propuesta imposibilitará a las instituciones a cumplir con lo establecido en la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y leyes relativas; y contravendrá el contenido del Informe del Grupo de Trabajo de la Conavim, que exhorta al estado a aumentar el presupuesto, no a disminuirlo”, señaló el Colectivo, en un comunicado.

De recortarse el presupuesto, se mantendrá la condición de vulnerabilidad de las mujeres niñas y adolescentes en Quintana Roo, advierte.

La Alerta de Género fue solicitada luego del alarmante incremento de los feminicidios en los municipios de Benito Juárez (Cancún), Solidaridad (Playa del Carmen), principalmente.
El Colectivo exigió a las autoridades, que con alerta o sin ésta, se revierta el abandono en salud, educación, empleo y acceso a la justicia que han padecido las mujeres en la última década en Quintana Roo.

“Con o sin alerta, con o sin prórroga, se requiere de un presupuesto con el que se puedan atender, al menos las 11 recomendaciones contenidas en el Informe Final elaborado por el Grupo de Trabajo coordinado por Conavim, respecto a la solicitud de Alerta de Violencia de Género para Quintana Roo, ingresada el cuatro de diciembre del 2015”.
Consideró que siguen sin tomarse acciones mientras la violencia ejercida en contra de las mujeres continúa y citó que:

- En el 2013 se tipificó el Feminicidio como delito, sin que el asesinato de una sola mujer, desde entonces y hasta la fecha, haya sido investigado, consignado y procesado como tal.

- A pesar de los borradores que han circulado en los últimos meses para elaborar el Protocolo que permita investigar y juzgar con Perspectiva de Género, este instrumento no ha sido publicado en el Diario Oficial del Estado.

- No se ha capacitado a funcionarios encargados de la procuración de justicia y sigue  la investigación de los asesinatos de mujeres sin realizarse con  Perspectiva de Género; es decir, sin poder distinguir cuando es un feminicidio o no, para  juzgarlo como tal.

- Pese a que hubo suficiente dinero para construir un Centro de Justicia para Mujeres,  habilitado en Cancún, no cumple con las especificaciones aprobadas por la CONAVIM, para operar. El tema se ha tocado solo de manera tangencial en declaraciones de funcionarios y funcionarias del ramo pero sin asumir compromisos, ni establecer plazos.

- Un promedio mensual de 800 mujeres (sólo en Benito Juárez) reportan vía telefónica estar viviendo violencia familiar y no existen un refugio en la zona norte, ni albergue o cuarto de tránsito que, en caso de necesitarlo,  permita resguardarlas y darles alojamiento temporal.


Con recursos estatales menguados, el Ejecutivo descarta el acceso a recursos etiquetados para los Estados  si aceptara la alerta de violencia de género contra las mujeres, señaló el Colectivo.

Clausura la PROFEPA camino que lleva a una isla privada en Cozumel

Fabiola Cortés Miranda

COZUMEL, MX.- La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) clausuró este sábado de manera total temporal las actividades de desmonte y limpieza de la vegetación, en la zona norte de la Isla de Cozumel,  Quintana Roo, donde se pretende construir una carretera que conduce a la Laguna Ciega.

De acuerdo a un boletín de prensa emitido por la dependencia, durante visita de inspección, personal de la Procuraduría constató que en una superficie total de 2.634 hectáreas se llevó a cabo la remoción de vegetación forestal de selva mediana subperennifolia con maquinaria pesada en las laterales del camino al acceso a la Laguna Ciega, trabajos para los cuales el promovente no cuenta con autorización de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), por lo que se incumple con el término primero del permiso otorgado al proyecto.

La PROFEPA impuso una clausura de manera total temporal de las actividades de remoción de vegetación forestal en el ecosistema de selva, hasta en tanto el promovente acredite.

90 millones de dinero público que beneficiará a dueños de una isla privada

La obra recientemente clausurada denominada “mejoramiento de acceso a la Laguna Ciega”, fue autorizada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) el siete de septiembre pasado a través de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) 23QR2016V0005 solicitada por la Secretaría de Infraestructura y Transportes (SINTRA) del estado de Quintana Roo, que tiene un presupuesto de más de 90 millones de pesos para realizar la misma.

Se trata de una obra de 4.7 kilómetros de largo, sobre una superficie de 34 mil 894 metros cuadrados, la cual afectará la “Subzona de uso restringido sitios de refugio de aves costeras”, esto es, un área natural protegida, pero esta obra pública solo lleva a un lugar, una isla privada, Isla de la Pasión que actualmente presta servicios turísticos y donde se proyecta construir un centro de hospedaje tipo palafitos.


Actualmente es posible llegar a Isla de la Pasión por mar o por tierra, por el camino de la Laguna Ciega, una vía de terracería que de acuerdo a criterios ambientales no puede ser modificada por ser importante hábitat de especies de fauna silvestre, y por ser parte de un área protegida; por lo que no pueden realizarse los trabajos que se llevaban a cabo.

De quién es Isla de la Pasión

De acuerdo a documentos obtenidos por Somos Tus Ojos, Transparencia por Quintana Roo, la Isla de la Pasión pertenece a Península de la Pasión SA de CV, sociedad en la que participan el ex gobernador de Quintana Roo Jesús Martínez Ross (1975-1981), Daniel Alberto Lino Guardia, Marcelo Palacios Sanz y Marisol Palacios Lugo; y tiene como representante y administrador único a Hugo César Camou Campoy.

El 10 de diciembre de 1998, Fidecaribe (la dependencia que antecedió al Instituto de Administración del Patrimonio Inmobiliario del estado de Quintana Roo –IPAE-) vendió a Península de la Pasión, representada por Daniel Alberto Lino Guardia, la FRACCIÓN TRES, ubicado al oeste del camino de acceso al entronque de la Península de la Pasión, en Cozumel; este inmueble, con superficie de 7,500 metros cuadrados proviene de la subdivisión de un predio innominado.

El precio de compra-venta de este terreno, que ahora es parte de Península de la Pasión SA de CV, fue de 30,000 dólares americanos, sin que se especifique en el acta notarial el tipo de cambio.    

El 16 de marzo del 2006, Island Adventures SA de CV, representada por su administrador único Marcelo Palacios Sanz, vendió a “Península de la Pasión”, representada por el mismo Marcelo Palacios Sanz, un predio ubicado en la carretera costera norte, al final del camino de acceso a la Península de la Pasión, con una superficie de 176 mil 273 metros cuadrados.

Las islas son propiedad de la nación, ¿o no?

El 26 de octubre de 2012, el ex gobernador Jesús Martínez Ross, por conducto de su apoderado general José Alberto Martínez Márquez, vendió a la sociedad mercantil denominada Península de la Pasión SA de CV (de la que también forma parte Martínez Ross), representada por Hugo César Comou Campoy, un predio ubicado en la FRACCIÓN 75, que se encuentra al final del camino de acceso que va a la planta de tratamiento de aguas negras, en la Isla de Cozumel, inscrito bajo el número de folio electrónico inmobiliario 928, del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, de la ciudad de Cozumel.



Según los antecedentes de la escritura pública número 14606, del 30 de marzo de 1999, el ex gobernador Jesús Martínez Ross adquirió, en legítima copropiedad, con la empresa mercantil denominada Península de la Pasión SA de CV, el inmueble identificado como FRACCIÓN 75, ubicado al final del camino de acceso que va a la planta de tratamiento de aguas negras en la Isla de Cozumel, el cual cuenta con las siguientes medidas y colindancias: al norte: 1004.719 metros con Zofemat (mar Caribe), en línea quebrada; al sur: 985.34 metros con Zofemat del mar Caribe, en línea quebrada; al este: 16.77 metros con propiedad de Fidecaribe; y al oeste: en 117.284 metros con Zofemat del mar Caribe en línea quebrada; con una superficie total de cinco hectáreas (…).

En el apartado de las CLÁUSULAS, en la TERCERA se lee que el precio convenido por la compraventa fue por la cantidad de $3’125,000.00 pesos (tres millones cientos veinticinco mil pesos 00/100 M.N.); de los cuales 2’125,000.00 pesos (dos millones ciento veinticinco mil pesos 100/MN) corresponden al valor del suelo; en tanto que un millón de pesos corresponde al valor de las construcciones. En esta misma cláusula en vendedor declara ante el notario haber recibido con anterioridad la totalidad del pago.

Al tratarse la FRACCIÓN 75 de una Isla, en  la cláusula SEXTA, se establece que EL VENDEDOR NO SERÁ RESPONSABLE NI RESPONDERÁ SI ÉSTA ES RECLAMADA POR LAS AUTORIDADES FEDERALES, ESTATALES O MUNICIPALES.

“Queda a cargo de la compradora cubrir, de su exclusiva cuenta y a su más exclusivo peculio, los cargos fiscales y de cualquier otra índole que corresponda al inmueble que hoy adquiere, obligándose a cumplir con todas y cada una de las disposiciones municipales, estatales y federales que sean aplicables al mismo y previamente a cargo de “el vendedor”, quien en su caso responderá por caso de evicción con la excepción de cualesquiera supuestos de evicción relacionados con cualquier posible invocación o reclamo que hiciesen cualesquiera de las autoridades federales o incluso locales por mandato o delegación del gobierno federal, tendientes a conceptualizar el inmueble objeto de la presente compraventa como un área insular y por tanto propiedad de la Nación en los términos de lo dispuesto por el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (…).

En dicha cláusula se exime a la parte vendedora de cualquier obligación de saneamiento, por cualquier hipótesis de evicción; en virtud de que la compradora ha tenido el carácter de administradora del inmueble y operadora de las actividades de recreación turística que hasta la fecha se vienen realizando en el predio, y “respecto de lo cual ‘la compradora’ declara haber ejercido la posesión material, pacífica, pública y de buena fe ante todos y cualesquier tercero”.

Según información recibida por Somos Tus Ojos, y que no ha podido ser confirmada, detrás del proyecto Isla la Pasión y su próximo desarrollo hotelero estarían conocidos políticos, dato que por ahora es solo una presunción pero que se refuerza con los hechos siguientes: la Semarnat autorizó de forma expedita la MIA para el camino de mejoramiento a pesar de las omisiones del promovente; el promovente es el propio Gobierno del estado de Quintana Roo y  la SCT está destinando poco más 90 millones de pesos para una obra que solo beneficiará a particulares. (NoticaribeNews)

Compete a las autoridades municipales demolición de riesgosa palapa en la playa: PROFEPA

PLAYA DEL CARMEN, MX.- La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) informó que de acuerdo al Reglamento Interno de Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), no es la responsable de expedir autorizaciones y/o permisos para actividades de demolición o construcción en el Hotel Gran Porto Real, en Playa del Carmen.



Por lo que la PROFEPA emitirá las recomendaciones necesarias conforme a sus facultades para que las autoridades municipales competentes, en coordinación con Protección Civil local, lleven a cabo las acciones necesarias para la atención de la posible emergencia derivada de las actividades que realizó el Hotel Gran Porto Real, y ponen en riesgo la integridad de los paseantes.


Luego de la severa erosión que afecta los arenales de Playa del Carmen en algunas áreas de este balneario, una palapa del hotel Gran Porto Real ubicada en primera línea de playa se encuentra a punto de colapsar, lo que representa un riesgo latente para los paseantes, sin embargo, las autoridades municipales de Protección Civil hasta ahora no han atendido el problema.

Lo que sí le compete evaluar y determinar a la PROFEPA es si la colocación de costales y escolleras por pare del hotel Gran Porto Real se realizó con apego a ley. (NoticaribeNews)

lunes, noviembre 28, 2016

Se presentan denuncia ante PGR contra prestanombres de Roberto Borge

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- Derivado de las investigaciones que ha documentado la asociación “Somos Tus Ojos Transparencia por Quintana Roo”, en contra de presuntos prestanombres del ex gobernador Roberto Borge Angulo, este lunes se presentó denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) en la que se señalaron a personas físicas y morales quienes habrían incurrido en presuntos hechos delictivos, relacionados con operaciones con recursos de procedencia ilícita.

En conferencia de prensa efectuada en las instalaciones de CENCOS y con el apoyo de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), se ofrecieron detalles del contenido de la denuncia en contra de los prestanombres.

En la denuncia ingresada por Oficialía de Partes en la PGR se señaló a las siguientes personas físicas: EDGAR MANUEL MÉNDEZ MONTOYA, JUAN GONZÁLEZ ANGULO y NOEMÍ RODRÍGUEZ RAMOS quienes habrían incurrido en diferente grado y participación en el delito señalado, al constituir la sociedad ISLA CABAÑAS, S.A. DE C.V., según copia del Acta Constitutiva de la referida sociedad, número P.A. 12586, de fecha 6 de diciembre de 2011, ante el notario Rubén Antonio Barahona López. Para la constitución de la persona moral, las partes otorgaron un capital variable de $107’878,500.00 pesos (ciento siete millones ochocientos setenta y ocho mil quinientos pesos 00/100 M.N.).

A RAÚL OMAR GONZÁLEZ ANGULO, LUIS ALBERTO SIERRA SAURI (hijo de la ex
gobernadora de Yucatán, Dulce María Sauri Riancho), ROBERTO MARROQUÍN SÁMANO y GERMÁN GARDUSA LINARES, se les señaló por su posible participación en virtud de que forman parte del Consejo de Administración de ISLA CABAÑAS.

Sobre esta sociedad, se entregó a la autoridad investigadora copia simple de la Escritura Pública número P.A. 12710 de 14 de diciembre del 2011, registrada ante la notaria 13 de Rubén Antonio Barahona López, del contrato de compraventa sobre un terreno de 15 mil 772 metros cuadrados, ubicado en el kilómetro 4.8 de la carreta costera sur de la isla de Cozumel, en el que intervienen como parte vendedora Corporación Hotelera Hispano Mexicana SA de CV y como parte compradora Isla Cabañas SA de CV, representada en dicho acto por Juan González Angulo y Edgar Manuel Méndez Montoya.

El precio de compraventa del predio referido se fijó en ocho millones de dólares americanos, equivalentes a $109’124,800.00 pesos (ciento nueve millones ciento veinte cuatro mil ochocientos pesos 00/100 M.N.); ,de los cuales, 4’000,000.00 EUA (cuatro millones de dólares 00/100 moneda de curso legal en los Estados Unidos de América)  equivalente en moneda nacional a la cantidad de $54’562,400.00 M.N. (cincuenta y cuatro millones quinientos sesenta y dos mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.) fueron entregados por la parte compradora mediante transferencia electrónica de fondos, que recibió previamente la parte vendedora. En tanto, los otros 4’000,000.00 EUA (cuatro millones de dólares 00/100 moneda de curso legal en los Estados Unidos de América)  equivalente en moneda nacional a la cantidad de $54’562,400.00 M.N. (cincuenta y cuatro millones quinientos sesenta y dos mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.) fueron  entregados mediante el endoso en propiedad a favor de la parte vendedora, en siete
pagarés.

Cabe mencionar que en el predio adquirido, Isla Cabañas construyó un hotel que se encuentra en etapa final de acabados y decoración denominado “The Westin Cozumel”  y que sería operado por la firma Starwood.

Entre las pruebas entregadas a la PGR para acreditar el presunto hecho delictivo se encuentran los datos de ingresos reportados al SAT por Edgar Manuel Méndez Montoya, Juan González Angulo y Noemí Rodríguez Ramos, de los que se advierte que ninguno reporta ingresos del monto de los requeridos para llevar a cabo operaciones de la cuantía de la descrita.

Por ejemplo, Juan González Angulo, no ha reportado ingresos fiscales desde el 2009 hasta la fecha; en dicho año tuvo ingresos por $200,000 pesos (doscientos mil pesos00/100 M.N); Juan González, quien radica en la Isla de Cozumel no tiene una actividad empresarial visible, pública e identificable y tampoco ha recibido herencia alguna que le hubiesen permitido aportar 52 millones de pesos para la constitución de la sociedad Isla Cabañas. Es tío de Félix González Canto, ex gobernador de Quintana Roo.

Por el mismo probable hecho constitutivo de delito se denunció a MARÍA ROSA YOLANDA ANGULO CASTILLA y/o ROSA MARÍA ANGULO CASTILLA,CÉSAR CELSO GONZÁLEZ HERMOSILLO Y MELGAREJO y JOSÉ HÉCTOR MORÍN LÁZARO; para lo cual se entregó a la autoridad investigadora copia simple del Convenio de Cesión de Derechos y Obligaciones, de fecha 29 de abril de 2015,  expedida por el Coordinador Técnico del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública (IPAE), José Héctor Morín Lázaro, a favor de la persona moral Siyenat del Caribe SA de CV” representada por César Celso González Hermosillo y Melgarejo; y por medio del cual, María Rosa Yolanda Angulo Castilla y/o Rosa María Angulo Castilla cede a favor de Siyenat del Caribe SA de CV”, una fracción de terreno con superficie de 111,763.81 metros cuadrados, ubicado en la Reserva Territorial del IPAE, en la isla de Cozumel, Quintana Roo.

De acuerdo al convenio referido, María Rosa Yolanda Angulo Castilla y/o Rosa María Angulo Castilla pagó al IPAE por el predio referido la cantidad de $15’367,523.88 (Son quince millones trescientos sesenta y siete mil quinientos veintitrés peso 88/100 M.N.);  así como $1’536,752.39 (Son un millón quinientos treinta y seis mil setecientos cincuenta y dos pesos 39/100 M.N.) por concepto de titulación y gastos de administración; para después “cederle” a Siyenat, representada por César Celso González Hermosillo, el terreno de 111 mil metros cuadrados, el cual tiene 185 metros colindantes con Mar Caribe.

La señora María Rosa Yolanda Angulo Castilla y/o Rosa María Angulo Castilla no tiene ninguna actividad empresarial, ni ha recibido herencia de ningún tipo, ni proviene de una familia acaudalada; por lo que no cuenta con la capacidad económica para haber realizado operaciones por el monto arriba referido; por lo que pedimos a esta autoridad llevar a cabo las investigaciones pertinentes a fin de determinar la procedencia de los recursos con los que la señalada realizó el acto de compraventa del terreno referido.

Cabe destacar que María Rosa Yolanda Angulo Castilla y/o Rosa María Angulo Castilla es madre del gobernador Roberto Borge Angulo.

A CÉSAR CELSO GONZÁLEZ HERMOSILLO Y MELGAREJO,  FRANCO GONZÁLEZ, se les señala por la constitución de IMPULSORA MARÍTIMA DE QUINTANA ROO Y DEL CARIBE, S.A. DE C.V, conocida comercialmente como Barcos Caribe, empresa para la que adquirieron dos barcos tipo catamarán por casi cinco millones de dólares.

En este caso, también se le proporcionan a la autoridad datos de prueba de los que se infiere que ninguno de los socios tenía ni tiene la capacidad económica suficiente para realizar los actos descritos.

CÉSAR CELSO GONZÁLEZ HERMOSILLO Y MELGAREJO y MARIA LOURDES PINELO NIETO, están vinculados con otros actos, también relacionados con operaciones con recursos de procedencia ilícita, pues de acuerdo a la escritura pública número 3,634 emitida por el notario 53, Oswaldo Antonio Canto Mármol, el 3 de marzo del 2014, Celso González Hermosillo y Melgarejo y Maria Lourdes Pinelo Nieto,  constituyeron CARACOL 65 SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, con un capital de apenas 50 mil pesos.

Pero en escritura pública número 4,508 del notario 53, Oswaldo Antonio el 8 de agosto del 2014, se hace constar la protocolización del acta de asamblea general extraordinaria de accionistas de la sociedad CARACOL 65, del 15 de marzo de 2014,  en la que Celso González Hermosillo deja constancia de que es propietario de cuatro predios en la Isla de Cozumel de diferentes extensiones, todos adquiridos del IPAE; así como un aumento de capital a la sociedad por 6,397,500.00 (SON SEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS.00/100 m.n.).

Sin embargo, como ya se ha dicho, ni César Celso González Hermosillo y Melgarejo ni María Lourdes Pinelo Nieto cuentan con recursos económicos que ampren las acciones realizadas, en virtud de que ambos no han reportado ingresos al SAT; y es público y sabido en la Isla de Cozumel que son empleados de la familia del ex gobernador Roberto Borge Angulo.

A la PGR se le entregaron diversos documentos, como actas constitutivas de las empresas, contratos de compraventa notariados y datos de prueba relacionados con los ingresos reportados por las personas físicas ante el SAT donde se pone en evidencia su falta de capacidad económica para efectuar operaciones de la cuantía de las efectuadas; por lo que fundadamente se puede presumir que los recursos que utilizaron tienen procedencia ilícita. En virtud de ello se solicitó a la PGR dictar como medidas cautelares inmovilizar las cuentas bancarias de los imputados así como el embargo precautorio de sus bienes. Igualmente de las pruebas entregadas y en virtud de las relaciones de amistad y parentesco que varios de los denunciados tienen con el ex gobernador Roberto Borge Angulo, se requirió como medida cautelar que se le prohíba salir al ex mandatario de Cozumel, Quintana Roo, donde tiene su residencia.

Una denuncia diversa se presentó en contra de las siguientes personas físicas: DARÍO FLOTA OCAMPO, en su carácter de Director General del Fideicomiso de Promoción Turística de la Riviera Maya y Cozumel, y los particulares Rodrigo Rico Zaldivar, Adrián Flores Reynaga, Zaeret Blando Jandette y Adrian Jiménez Fuentes; así como en contra de las personas morales Grupo Sfera Soluciones Integrales, S.A. de C.V., y Training And Marketing Specialist, S.A. de C.V., las cuales son de las  denominadas empresas “fantasmas”, pues no reportaron ningún ingreso entre 2015 y lo que va de 2016,  además de que los domicilios fiscales señalados ante la autoridad hacendaria son en dos casos inexistentes, y en uno más, la empresa nunca ha operado  (Grupo Sfera presentó dos domicilios ante el SAT). Ambas empresas recibieron entre 2015 y 2016 alrededor de 7 millones de pesos del referido Fideicomiso.

Corresponderá a la autoridad determinar en qué tipo penal encuadra la conducta del funcionario público, quien actualmente continúa como titular del Fideicomiso de Promoción Turística y quien firmó los cheques que se expidieron a favor de las dos empresas “fantasmas”, a las que entre 2015 y noviembre de 2016 se les entregaron recursos públicos por alrededor de siete millones de pesos, según datos obtenidos por Somos Tus Ojos a través de la Unidad de Vinculación.

Una tercera denuncia se presentó por la probable comisión de hechos presuntamente constitutivos de delito cometidos, en diferente grado y participación por las siguientes personas físicas: FERNANDO ESCAMILLA CARRILLO, FERNANDO VILLANUEVA SAURI, RAFAEL MANUEL PONCE PACHECO, RAYMUNDO CÁMARA SÁNCHEZ y PEDRO PECH BOLOM; y por las siguientes personas morales: EDIFICACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DEL SURESTE, SA DE CV, TRABAJAMOS BIEN SA DE CV, Y CUP DEL SURESTE SA DE CV., mismas que recibieron recursos por alrededor de 80 millones de pesos para la construcción de caminos sacacosechas, los cuales no se ejecutaron, de acuerdo a testimonios sustentados por la organización El Barzón de Quintana Roo, dirigida por Patricia Palma.

Edificación y Señalización del Sureste, SA de CV, así como Trabajamos Bien SA de CV están constituidas por Fernando Villanueva Sauri, Rafael Manuel Ponce Pacheco y Jorge Carlos Zapata Denis (quien falleció hace unos meses). En tanto CUP del Sureste SA DE CV, es una empresa constituida por Fernando Villanueva Sauri, Raymundo Cámara Sánchez y Pedro Pech Bolom. 

Rafael Manuel Ponce Pacheco y Fernando Villanueva Sauri han sido funcionarios dentro de la administración pública estatal, por lo que además del quebranto al erario causado por las obras no realizadas, con esta conducta podrían estar cometiendo alguna otra conducta delictiva relacionada con el desempeño de los servidores públicos.

Fernando Villanueva Sauri, desde el 2013 y hasta septiembre de 2016, se desempeñó como director de Asuntos Jurídicos del ayuntamiento de Cozumel.

Rafael Manuel Ponce Pacheco, el 14 de febrero del 2012, fue designado titular de la oficina de la Recaudadora de Rentas de la Secretaría de Hacienda (SH) en Playa del Carmen, Solidaridad; el 24 de mayo de 2013 fue designado como delegado del Infonavit en Quintana Roo y el 30 de septiembre de 2013 fue designado titular de la Tesorería de Benito Juárez, cargo que desempeñó hasta septiembre de 2016.

En tanto, Fernando Escamilla Carrillo fue titular de la SINTRA, dependencia encargada de la entrega de los recursos públicos a las empresas referidas. La denuncia fue presentada ante la PGR toda vez que los recursos no aplicados causaron un quebranto a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que fue la dependencia federal que los aportó.

jueves, noviembre 24, 2016

CONACI presenta primer amparo para recuperar territorio de Puerto Morelos

PUERTO MORELOS, MX.- Este jueves 24 de noviembre, a las doce del día, un grupo de abogados pertenecientes a CONACI (Congreso Nacional Ciudadano),  provenientes de Monterrey, Nuevo León, junto con el licenciado Fernando Xiu, ingresarán un amparo con el que buscan restituir el territorio de Puerto Morelos hasta la Latitud 21, informó Juan Carlos González Uribe, quien fuera candidato independiente a la presidencia municipal por Puerto Morelos, en las pasadas elecciones.

“Hasta donde tenemos conocimiento es el primer amparo fundamentado en tratados Internacionales, en el que se incluye una lista de agravios de las personas afectadas, por los gobiernos Borgistas, al ‘mochar’ inexplicablemente el territorio al nuevo municipio de Puerto Morelos y que debe de llegar hasta la #Latitud21”, expresó González.

Consideró que a la par de la acción jurídica se requiere de la presión social de los ciudadanos, por lo que convoco a que acudan hoy a las doce del día, a los juzgados federales de Cancún ubicados en la avenida Andres Quintana Roo, casi esquina con la avenida Kohunlich.

Más tarde, abogados e integrantes del Movimiento Latitud 21 buscarán un encuentro con la presidenta municipal Laura Fernández Piña, para conocer cuál es su postura respecto de la lucha por recuperar el territorio con el que consideran debió constituirse el nuevo municipio.

Agregó que la partición del territorio tal y como quedó, afecta a todos los portomorelenses, pues se les privó de la posibilidad de tener mayores ingresos económicos derivados de la actividad turística.

Puerto Morelos se constituyó como el onceavo municipio en un procedimiento exprés, sin fundamento en ningún tipo de estudio técnico, como lo publicamos en enero pasado. 

LEER: Municipio exprés. Gobierno no realizó ningún estudio para crear Puerto Morelos

 (NoticaribeNews)

lunes, noviembre 21, 2016

Roberto Borge también vendió los terrenos que alguna vez quiso Donald Trump

Fabiola Cortés Miranda

La historia no es reciente y tampoco inédita. Es muy sabido que en 2007 el ahora presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, pretendía realizar un enorme desarrollo turístico en Punta Molas, la parte oriental de la Isla de Cozumel, una zona completamente virgen y de alta fragilidad ecológica ubicada en el mar Caribe. Pero al final, el magnate decidió retirarse por dos cuestiones.


La primera, se ha dicho repetidamente, es que el entonces alcalde de Cozumel, el panista, Gustavo Ortega Joaquín (2005-2008), le habría pedido a los hijos de Donald Trump 20 millones de dólares para otorgar el cambio de uso de suelo a la zona y asignarle las densidades necesarias para construir tres mil cuartos hoteleros, marina, canales, campo de golf, tiendas y hasta aeropista.


Sobre esta versión, en fechas recientes, Ortega Joaquín circuló a través de redes sociales una extensa explicación, y negó que le hubiera pedido dinero a Ivanka Trump y Donald Trump Jr, con quienes se reunió en 2006, junto con el entonces gobernador, Félix González Canto, en la casa de Fernando Barbachano Herrero, quien sería uno de los socios inversionistas. Vía telefónica Gustavo Ortega reiteró a esta reportera que es falsa la versión de la solicitud de 20 millones de dólares en calidad de “mordida” o “moche” a los Trump.

El otro gran problema que enfrentó el proyecto fue la resistencia de ambientalistas y ciudadanos debido a que implicaba devastar manglares y vegetación diversa, pero lo peor: una grave sobrecarga y contaminación para la Isla. A pesar de ello, las modificaciones al uso de suelo en el Plan de Ordenamiento Ecológico Territorial (POEL) para desarrollar la zona que se llamaría comercialmente Punta Arrecifes, sí fueron avaladas por el cabildo de Cozumel, durante la administración de Gustavo Ortega, en 2008, por lo que el mayor inconveniente legal estaba zanjado.


Le pregunto a Gustavo Ortega, que si no fue la solicitud ilícita de dinero, ni las cuestiones ambientales, ¿qué fue lo que hizo desistir a Donald Trump de invertir en una zona paradisiaca?. “Fueron las condiciones económicas. En septiembre de 2008 viene la crisis hipotecaria en Estados Unidos, eso es lo que frenó el proyecto, fue un problema crediticio, los Trump se concentran en los proyectos ya existentes”, asevera el ex Presidente municipal de Cozumel, y recuerda que los hijos del magnate volvieron a Cozumel para retomar el proyecto en la administración del alcalde priísta Aurelio Joaquín González (2011-2013); lo cual en su momento quedó consignado en la prensa local, pero sin que se concretara nada.  

Un proyecto solo de papel

Todo lo arriba dicho ya es sabido, pero lo que no se sabe del proyecto Punta Arrecifes es que los inversionistas y el gobierno mexicano pretendían venderle a Donald Trump “espejitos”, porque cuando le propusieron hacer el “gran negocio” en un territorio virgen del Mar Caribe, en realidad no tenían aún los terrenos para el mega desarrollo, pues éstos eran del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública (IPAE), el mismo que usó Roberto Borge para beneficiar con predios a empresarios, amigos y familiares. Barbachano Herrero los adquirió apenas en el 2011, y desde entonces, las mil hectáreas se encuentran en litigio.

Fernando Eugenio Barbachano Herrero proviene de una familia latifundista de la Península de Yucatán, es hijo de Fernando Barbachano Peón, quien fue dueño del terreno donde se encuentra la zona arqueológica de Chichén Itzá, y por el cual la entonces gobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega, pagó 220 millones de pesos al nieto de Barbachano Ponce: Hans Jurgen Thies Barbachano.

En el 2008, para el negocio que los ex Gobernadores y Barbachano Herrero pretendían hacer con Donald Trump, sólo se tenían 100 hectáreas, propiedad del socio inversionista, las cuales tienen una franja costera de 10 kilómetros, pero sobre esta lonja de 10 hectáreas no se podía desarrollar nada por su alta fragilidad y porque se encuentra pegada al mar con un suelo rocoso que en el primer huracán convertiría cualquier desarrollo en ruinas; de allí que se requerían de las otras mil hectáreas, las cuales en 2008 no eran de Fernando Eugenio Barbachano.

Las mil hectáreas del proyecto le fueron vendidas al yucateco por el Instituto de Administración del Patrimonio Inmobiliario del Estado, el ahora famoso IPAE, en el 2011, y fueron algunas de las cientos de hectáreas que remató Roberto Borge Angulo.

El 10 de mayo de 2011, un mes después de que Roberto Borge asumiera el cargo de gobernador del estado, el IPAE le entregó a Fernando Eugenio Barbachano Herrero, a través del contrato de compraventa simple 01456 de fecha 11 de agosto de 2010, un polígono de 700 hectáreas, esto es de siete millones de metros cuadrados por los que pagó 14 millones de pesos. El contrato de promesa de compra-venta se realizó en la administración del ex gobernador Félix González Canto, y se materializó con Roberto Borge Angulo.

AQUÍ SE PUEDE VER EL TÍTULO DE PROPIEDAD DE LAS 700 HRAS EXPEDIDO POR EL IPAE.

El contrato de compraventa del otro terreno de 300 hectáreas, o tres millones de metros cuadrados, se concretó el 13 de abril de 2011, apenas unos días después de que Roberto Borge tomó el poder, y Fernando Eugenio Barbachano Herrero pagó por éste solo seis millones de pesos.

AQUÍ SE PUEDE VER EL TÍTULO DE PROPIEDAD DE LAS 300 HECTÁREAS EXPEDIDO POR EL IPAE

La venta en 2011 de mil hectáreas, diez millones de metros cuadrados en una paradisiaca zona, a solo 20 millones de pesos, y que tenía en puerta un mega desarrollo sin duda parecía un gran negocio para los involucrados: Fernando Eugenio Barbachano y los ex gobernadores Félix González Canto y Roberto Borge Angulo; porque en el 2008, cuando el apellido Trump retumbó en Cozumel, las mil hectáreas aún no formaban parte del polígono del desarrollo con el que se pretendió conquistar a los hijos del magnate; se trataba de un proyecto de papel, y quizás en ese momento los Trump olieron el fraude.

Las mil hectáreas que le fueron vendidas a Fernando Eugenio Barbachano desde el momento en que le fueron transmitidas, y hasta ahora, se encuentran en litigio; en un juicio que Luis Emilio de Jesús Bolio Méndez no se ha dejado ganar, como se puede ver en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio (RPPC) de Cozumel donde ambos predios tienen anotaciones judiciales.

Aún así, en el 2011, ya con el terreno de mil hectáreas adquiridas por Barbachano Herrero, se pretendía un desarrollo de menor densidad, de 600 cuartos, y ya no de las tres mil habitaciones, aunque conservando las amenidades; sin embargo, el tema ambiental seguía más vivo que nunca, y la presidenta de Cielo, Mar y Tierra (Citymar), Guadalupe Álvarez, advirtió que los ciudadanos volverían a salir a las calles para evitar una catástrofe ecológica para la Isla.

En mayo de ese año, el entonces alcalde Aurelio Joaquín se volvió a reunir con los hijos de Donald Trump, y unos meses después, en septiembre, el proyecto Punta Arrecifes se presentó en Cozumel ante la clase empresarial; pero el apellido Trump empezó a referirse con reservas, pues al parecer, los jóvenes hijos del ahora Presidente electo de Estados Unidos ya habían perdido el interés en el sitio.

Punta Arrecifes ya es área natural protegida

Todo sueño sobre un posible desarrollo en una de las zonas más vírgenes de Cozumel se desvaneció en septiembre del 2012 cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se declaró Área Natural Protegida, con el carácter de área de protección de flora y fauna, la porción norte y la franja costera oriental, terrestre y marinas de la isla de Cozumel.


Desde el aire, se puede apreciar la majestuosidad de la zona, el suelo verde tupido de vegetación, con franjas rocosas, y el mar azul con manchones de microatolones; un gran vestigio ecológico conocido como “El Castillo” sobresale por su altura, y algo más retirado, sigue erguido un viejo faro.



Pero desde tierra solo es posible penetrar en vehículos todo terreno, a través de una vereda que por momentos se torna demasiado rocosa, y si no fuera por el continúo paso de los vehículos militares que todos los días transitan el lugar, conocido por los constantes recales de droga, en unas semanas la vía nuevamente quedaría sepultada por la vegetación, que por todos lados predomina, al lado de altas dunas de arena. Un fuerte olor parecido al jazmín se respira durante el recorrido, lo desprenden los arbustos de pansil, una planta que se aferra a la arena y a las rocas. Así es el territorio que alguna quiso destruir Donald Trump junto con sus “socios” mexicanos, y que ahora está en disputa entre particulares, luego de que en el Gobierno de Roberto Borge las 900 hectáreas dejaran de ser parte del patrimonio del estado. (Texto y fotos: Fabiola Cortés Miranda)



 
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