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lunes, mayo 15, 2017

Carlos Joaquín busca blindarse con Sistema Anticorrupción. Resultó peor que Roberto Borge

Fabiola Cortés Miranda

CANCÚN, MX.- En el marco de la adecuación del Sistema Anticorrupción en Quintana Roo, el pasado tres de mayo, el gobernador del estado, Carlos Joaquín González, envió a la XV Legislatura del Congreso una iniciativa que pretende la modificación de diversos artículos de la Constitución Libre y Soberana del estado de Quintana Roo, mismas que representan un blindaje anticipado para el propio Gobernador así como un grave retroceso en materias como la Transparencia.


Entre los cambios propuestos por Joaquín González está la modificación al artículo 160 de la Constitución local para establecer que “El Gobernador del Estado, durante el tiempo de su encargo, solo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común”, tal y como lo establece la Constitución federal para el caso del Presidente de la República, con lo que el jefe del ejecutivo estatal se vuelve prácticamente intocable.

También muy grave, es el retroceso que Carlos Joaquín González plantea al artículo 21, en materia de la elección de los Comisionados del Instituto de Transparencia, órgano autónomo al que desea someter, pues mientras Roberto Borge estableció en la legislación que la designación de los integrantes del Instituto de Transparencia se haría a propuesta de la sociedad civil, Carlos Joaquín deja esa facultad exclusivamente en manos del Poder Legislativo y además, pretende que se le conceda el derecho de “objetar” el nombramiento de los Comisionados.



UN GOBERNADOR TAN INTOCABLE COMO UN PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Entre las propuestas de modificación que Carlos Joaquín González envió al Congreso, están varias relacionadas con el artículo 160 constitucional, entre éstas, la adhesión de un párrafo, con el que Joaquín González se blinda contra cualquier intento de juicio político en su contra, mientras sea jefe del Ejecutivo al establecer que:

“El Gobernador del estado, durante el tiempo de su encargo, solo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común”.

Se trata de un párrafo idéntico al que establece el artículo 108 de la Constitución federal que dice: “El Presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común.”

El pretendido párrafo es inconstitucional y se contrapone con lo que dicta la Carta Magna, por ejemplo, en el propio tercer párrafo del artículo 108, que señala que “Los ejecutivos de las entidades federativas (…) serán responsables por violaciones a esta Constitución y a las leyes federales, así como por el manejo y aplicación indebidos de fondos y recursos federales.”

Carlos Joaquín, como no lo había intentado antes ningún Gobernador, pretende quedar en el supuesto de indefinición en el que se encuentra el Presidente de la República, que sólo puede ser acusado por “traición a la patria” y delitos graves del orden común, tales como homicidio doloso, secuestro, violación, etcétera.

Pero en ese mismo artículo 160 de la Constitución de Quintana Roo se establece, contradictoriamente, que procederá el juicio político en contra del Gobernador del  estado ‘cuando incurra en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho, así como por el manejo indebido de recursos públicos y la deuda pública’.

Como se lee, por una parte el artículo 160 pretende que el Gobernador solo pueda ser “acusado” por traición a la patria y delitos graves del orden común; y por otra, sigue siendo sujeto de juicio político por diversas causales.

La propuesta del Gobernador conserva el blindaje para sí y también para diputados, magistrados y presidentes municipales, quienes “sólo podrán ser sujetos a Juicio Político por violaciones graves a esta Constitución, y a las leyes que de ella emanen, así como por el manejo indebido de fondos y recursos del Estado.”

En este caso, la Ley no se homologó a lo que señala la Constitución federal en su artículo 108, en la parte arriba citada que no expresa que las violaciones a la Constitución deban ser “graves” para que proceda el juicio político.

QUIERE CARLOS JOAQUÍN UN INSTITUTO DE TRANSPARENCIA SUMISO AL PODER LEGISLATIVO Y A CAPRICHO DEL GOBERNADOR

En su iniciativa de Decreto, el Ejecutivo Estatal propone la reforma al artículo 21 de la Constitución del estado, en específico a los párrafos primero, segundo, tercero, quinto, sexto, octavo, noveno, décimo y décimo quinto.

En lo relativo a la elección y designación de los comisionados del órgano garante, es decir, el Instituto de Transparencia, Carlos Joaquín da varios pasos atrás de las modificaciones realizadas por su antecesor Roberto Borge, pues propone que “(los comisionados) serán nombrados con el voto de las dos terceras de los miembros de la Legislatura, A PROPUESTA DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS, previa realización de una amplia consulta a la sociedad (…)”. “El nombramiento podrá ser objetado por el Gobernador del estado en un plazo de diez días hábiles”.


Actualmente, de acuerdo a la Constitución del estado y a la Ley de Transparencia local, la elección de los Comisionados surge a propuesta directa de la sociedad civil, de los ciudadanos.

En el párrafo quinto del artículo 21 de la Constitución de Quintana Roo se lee que “Este órgano garante (el Instituto de Transparencia) estará integrado por tres comisionados que durarán en su encargo siete años, serán nombrados en los términos que prevea la ley (…)”.

Y la Ley de Transparencia de Quintana Roo, en su artículo 36,  fracción II, dice que el Congreso del estado convocará a la ciudadanía en general para presentar las propuestas de candidatos a comisionados, además de que “los aspirantes  podrán participar por sí, de manera directa o a través de una propuesta que otras personas hagan de ellos.”

Curiosamente, la ley aprobada en la administración de Roberto Borge privilegiaba la participación de los ciudadanos en el nombramiento de los comisionados del Instituto de Transparencia, que es el pilar principal de la rendición de cuentas y del combate a la corrupción.

La propuesta de Carlos Joaquín González, es idéntica a lo que dicta la Constitución federal para la elección de los Comisionados del Instituto Nacional de Acceso a la Información, siendo que en este caso se trata de funcionarios estatales.

Sin tener relación con la homologación del Sistema anticorrupción, tal parece que Joaquín González aprovechó la oportunidad para debilitar la autonomía, transparencia e imparcialidad en la elección de los próximos comisionados, quienes serán los responsables de la apertura u opacidad del actual gobierno.

La modificación propuesta por el actual Gobernador, en cuanto a la elección de los Comisionados del Instituto entra en conflicto con la Ley General y la Ley Federal de Transparencia.

Carlos Joaquín González también debilitó en términos económicos al Instituto de Transparencia, pues mientras el artículo 21 de la Constitución del estado, ordena que “(…) el Presupuesto de Egresos del Instituto no podrá ser menor al cero punto diez por ciento del Presupuesto de Egresos del Estado para el ejercicio fiscal de que se trate y en ningún caso, será menor al presupuesto otorgado en el año inmediato anterior”, el actual Gobernador eliminó dicho párrafo, y lo que es más, en su primer presupuesto no solo no cumplió con dotar al Instituto de por lo menos el cero punto diez por ciento del Presupuesto, dándole apenas  el 0.1% del Presupuesto de Egresos 2017, para dejarlo con solo 26 millones 417 mil pesos, menos que lo que ejerció en el 2016.


Somos Tus Ojos, asociación convocada a emitir sus observaciones a la propuesta presentada por el Ejecutivo Estatal como parte de los trabajos para la puesta en marcha del Sistema local anticorrupción en el estado, expresó su preocupación por el contenido de la iniciativa en el que se observa no solo el debilitamiento de una institución federal de por sí endeble, sino además un retroceso en aspectos fundamentales como el de la Transparencia, y una pretensión de que algunos funcionarios gocen de privilegios frente al nuevo sistema. 

domingo, mayo 14, 2017

“Muerte” a la aborrecida Ley Borge

Fabiola Cortés Miranda

La convocatoria para la conformación del Consejo Consultivo que integrará el Sistema Quintanarroense para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas ha desatado un verdadero debate entre trabajadores de los medios de comunicación de Quintana Roo.

Me ha sorprendido que poco más de dos centenares de personas están participando en un intercambio de información y propuestas o que por lo menos están al tanto de lo que allí se discute. Se trata de compañeros que laboran en medios de comunicación con larga trayectoria en el estado, de corresponsales de los aún identificados como “medios nacionales”, así como de colegas que lideran o están integrados a un medio digital. En esa red social creada expresamente para debatir la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Quintana Roo, tienen representación y voz periodistas, reporteros, fotógrafos y camarógrafos de diversas fuentes, incluyendo policiaca y espectáculos.

Y cuál es el problema con la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas

El problema es que se trata de una ley creación del anterior gobernador Roberto Borge Angulo, y que está vigente desde agosto de 2015. La “Ley Borge” como se le conoció, representaba una amenaza real para los trabajadores de los medios de comunicación y para el ejercicio del periodismo en Quintana Roo; esta amenaza no tardó en ser advertida por periodistas locales y nacionales, por lo que la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos ejerció su facultad legal de señalar la inconstitucionalidad de varios artículos, sobre los que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció declarándolos así, transgresores de la Constitución y violatorios de los Derechos Humanos, lo que obligó al estado de Quintana Roo a eliminar de esta ley algunas partes como el hecho de restringir la entrada de los trabajadores de los medios a eventos públicos o establecer arbitrariamente ciertos criterios para “reconocer” a alguien como periodista.

Actualmente la Ley ya no contiene esas disposiciones que vulneraban a los trabajadores de los medios de comunicación, aunque tampoco es la mejor ni la más garantista ni la más avanzada en la materia; sin embargo, lo que ahora reclama gran parte del gremio periodístico de Quintana Roo es el carácter autoritario con el que se está llevando la convocatoria para elegir al Consejo Consultivo que integrará el Sistema Quintanarroense para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas; ese tufo dictatorial que se padeció durante todo un sexenio con Roberto Borge Angulo, y la postura intransigente de quienes están comandando esta iniciativa, el secretario de Gobierno Francisco López Mena y el borgista Joaquín González Castro, quien en marzo pasado fue nombrado por el gobernador Carlos Joaquín González como Subsecretario de Enlace Interinstitucional, uno de esos cargos donde se es nada y se es todo.


Están pues al frente del proceso de la convocatoria dos personajes a los que nada les importan los trabajadores de los medios de comunicación, salvo que hablen bien de ellos. De Francisco López Mena puedo decir con conocimiento de causa, que además que no le importa lo que le ocurra a los periodistas en este estado, tampoco tiene el mínimo respeto por la institución de la que hoy se dice muy preocupado, es decir, por el Sistema Quintanarroense para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, puesto que como lo hice público el pasado 4 de mayo, López Mena, dejó sin responder el oficio UER//DEER/477/2017, que es parte del análisis del caso de la que esto escribe, y quien se encuentra adscrita al Mecanismo de Protección para Periodistas, a nivel federal. En el oficio que el Mecanismo, dependiente, de la Secretaría de Gobernación, le envió al Secretario de Gobierno, se le requirió decir si la Secretaría a su cargo ha implementado alguna medida de protección en favor de la periodista, así como decir si en la dependencia a su cargo se tiene algún análisis del caso de la agresión denunciada por la periodista, sobre la actividad de la misma, el análisis del contexto en el que la periodista desarrolla su actividad, y el número de agresiones denunciadas por periodistas en Quintana Roo, de 2016 a la fecha. Pero nada de eso respondió Francisco López Mena, quien hoy plantea como una "urgencia" sacar adelante esta Ley.

No sobra decir que  el secretario general de Seguridad Pública de Quintana Roo, Rodolfo del Ángel Campos, tampoco respondió el oficio que se le giró, y digo que no sobra decirlo, porque este funcionario ocupará un asiento en la Junta de Gobierno del Sistema Quintanarroense para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que es el órgano máximo del mismo.

¿Se debe abrogar o se debe modificar la Ley?

Mi respuesta como periodista, sería que la Ley se debe abrogar, es decir, se debe echra al bote de la basura porque es un “sentir”, porque la percepción de agravio es lo que está prevaleciendo en el gremio, porque en su momento, hablo de ese momento en el que Roberto Borge se conducía no como gobernador sino como rey déspota, la Ley caló profundo. 

Pero mi respuesta como abogada sería que la ley local se debe revisar y modificar, porque ésta desciende de la de por sí deficiente ley federal que le establece una especie de camisa de fuerza. Eso sí, debe ser revisada y modificada por expertos en el tema y consensado entre la autoridad y aquellos a quienes se va a aplicar esta ley.

Un rápido ABC del Consejo Consultivo, de acuerdo a la actual Ley

El Sistema Quintanarroense para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, se integra por

I. Junta de Gobierno;
II. Consejo Consultivo, y
III. Secretaría Ejecutiva.

La Junta de Gobierno es la instancia máxima del Sistema y el principal órgano de toma de decisiones para la prevención y protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en el Estado.

El Consejo Consultivo es un órgano civil de consulta, opinión, asesoría y monitoreo de la aplicación de los planes de trabajo de la Junta de Gobierno, que también tiene participación en la planeación anual del Sistema, colabora en el diseño de los programas preventivos y, puede emitir opiniones sobre el funcionamiento general del Sistema. Pero es solo eso, un órgano de "consulta" y opinión y sus declaraciones no son vinculantes, o sea, no obligan a la Junta de Gobierno, que es el verdadero órgano con poder de decisión. 

Finalmente, la Secretaría Ejecutiva es la instancia responsable de coordinar el Sistema con las dependencias de la Administración Pública del Estado y los Municipios.

Regresando al Consejo Consultivo, cuya convocatoria para su integración sigue abierta y vigente, estará integrado por cinco personas consejeras (cinco propietarias y cinco suplentes), de las cuales dos serán personas expertas en la defensa de los derechos humanos, uno en libertad de expresión y dos personas periodistas.

Es esta convocatoria la que revivió la Ley Borge y la percepción de un gobierno autoritario.

Tras este comentario espero que siga la discusión. De que llegue a buen puerto dependerá la disposición que tengan esos mismos funcionarios a los que realmente no les importan los periodistas que están en riesgo.    

LEER: SECRETARIODE GOBIERNO Y DE SEGURIDAD PÚBLICA DE QROO OBSTACULIZAN MECANISMO DE PROTECCIÓN PARA PERIODISTAS


miércoles, mayo 10, 2017

Justicia negociada: Mauricio en la cárcel y Paulina pone los bienes

Fabiola Cortés Miranda

“Que Dios los bendiga, cuídense mucho, que Dios los bendiga”, es lo único que Paulina García Achach, extitular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) al final de la administración de Roberto Borge, atinó a decir a los reporteros que la esperaban afuera del Centro de Readaptación de Chetumal, de acuerdo a una nota publicada en el periódico Por Esto en su edición del lunes nueve de mayo.

Por la frivolidad de la ex funcionaria, tal parece que Paulina García Achach aún no asume que está imputada en dos procesos penales por el quebranto al patrimonio del estado. En una primera capeta, según refiere el diario, los daños patrimoniales al Estado se estimaron en 8 millones 449 mil pesos por la venta irregular de terrenos en los municipios Benito Juárez, Cozumel, Isla Mujeres, Tulum y Othón P. Blanco, por lo que el juez de control le dictó como medida cautelar acudir cada 15 días a firmar al juzgado, además de la prohibición de salir del país sin autorización, y una garantía económica de 20 mil pesos.

La ex funcionaria está señalada de desempeño irregular de la función pública en ambos procesos, uno de ellos con relación a 44 contratos de compra-venta de lotes comerciales y habitacionales que fueron vendido por debajo de su valor comercial, en descuento. Los contratos de compra-venta y los descuentos efectuados durante su gestión como encargada de despacho se realizaron del primero de agosto del 2016 al 24 de septiembre del mismo año, y corresponden a 10 lotes en Benito Juárez, 10 en Cozumel, 16 en Isla Mujeres, 7 en Tulum y 2 en Othón P. Blanco.

En la segunda carpeta de investigación que por el mismo delito enfrenta Paulina García, la Fiscalía General del estado solicitó el aseguramiento de cinco propiedades y un vehículo de lujo para garantizar alrededor de 38 millones de pesos como daño al patrimonio del estado.

Las dos audiencias de la ex funcionaria fueron públicas, a diferencia de la de audiencia de Mauricio Rodríguez Marrufo, que fue a puerta cerrada y quien por el mismo delito y similar quebranto al estado, permanecerá en prisión preventiva, al menos durante los próximos dos meses.

¿Por qué el desigual rasero?

El día que Mauricio Rodríguez Marrufo, también ex secretario de la Seduvi fue detenido, la Fiscalía General del estado inicialmente difundió que se le habían embargado de forma preventiva algunos bienes a Rodríguez Marrufo, posteriormente se retractó.


Ahora de buena fuente pude saber que sí existió una negociación entre el grupo de familiares y amigos que rodean a estos dos ex funcionarios y la Fiscalía General del estado.

La negociación consistió en que Paulina García, hija del notario nueve de Cozumel, Irving García Valdez, no sería recluida, pero Mauricio Rodríguez Marrufo, sí. A cambio, el quebranto que se les imputa a ambos quedaría garantizado con bienes de la familia de Paulina García.


Como el abogado de Rodríguez Marrufo nada ha querido decir del proceso de su cliente, por ahora no se sabe si interpuso algún recurso para apelar la determinación del juez penal de mantener en prisión preventiva a su defendido. Lo que sí es seguro que el padre de Mauricio Rodríguez, Bello Melchor Rodríguez, también notario y ex procurador durante casi toda la administración de Félix González Canto, está haciendo lo imposible y tocando todas las puertas, para sacar lo más pronto posible a su vástago del Centro de Reinserción de Chetumal.


Parece que muchos, entre ellos, las funcionarias que dedican bendiciones al salir de prisión, no han ni empezado a entender que los tiempos pasados ya se fueron, aquellos donde la corrupción era algo sabido y que todos callaban; donde incluso era posible tener en la misma notaría una oficina trasera para hacer negocios ilícitos. Ahora muchos ciudadanos estamos exigiendo que esos días no vuelvan nunca más.    

"Brillan" por su opacidad municipios de Quintana Roo. Cancún "simula" que cumple

Fabiola Cortés Miranda

Lo anunció con bombo y platillo, convocó a conferencia de prensa, y presumió que a partir del siete de mayo Benito Juárez sería ‘el primer municipio en Quintana Roo en contar con toda la información de las dependencias municipales en su plataforma digital’, ello, para ‘dar cumplimiento al eje de transparencia enmarcado en el plan de gobierno del Presidente Municipal, Remberto Estrada Barba’, pero la realidad es muy distinta, pues Cancún es, junto con Puerto Morelos y Cozumel el municipio más opaco.

Ninguno de los tres municipios, los dos primeros gobernados por el PVEM y la Isla de las Golondrinas, por la panista Perla Tun, ha registrado dato alguno en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT), es decir, no han cumplido con las por lo menos 50 obligaciones de Transparencia que les ordena el artículo 91 de la Ley de Transparencia de Quintana Roo.

En el SIPOT no se consigna ni información mínima como el marco normativo, la estructura orgánica, las facultades de cada área, las metas y objetivos de cada área, o el directorio de todos los servidores públicos.

Menos aún, los ayuntamientos rinden cuentas sobre la remuneración bruta y neta de cada uno de los empleados; los nombres de las personas contratadas por honorarios y qué servicio prestan; las declaraciones de la situación patrimonial, fiscal y conflicto de interés; el padrón de beneficiarios de programas sociales; ni la relativa a los montos destinados a comunicación social y publicidad, precisando el nombre de las personas físicas y morales que reciben recursos por este concepto.

Sobre las finanzas de los ayuntamientos gobernados por los del PVEM y el PAN no se puede saber ningún dato, ya que no se tiene información sobre el presupuesto asignado, los informes del ejercicio trimestral del gasto, la deuda pública, los resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, y el resultado de la dictaminación de los estados financieros.

No obstante lo anterior, el tres de mayo pasado, funcionarios municipales de Cancún anunciaron en conferencia de prensa un “Benito Juárez de 10”, en el boletín oficial se presumió que “dando cumplimiento al eje de transparencia enmarcado en el plan de gobierno del Presidente Municipal, Remberto Estrada Barba, la Unidad de Vinculación de Transparencia y Acceso a la Información Pública (UVTAIP), presentó la Sección de Transparencia del sitio web www.cancun.gob.mx que entrará en operaciones el próximo 7 de mayo, con lo que Benito Juárez se convierte en el primer municipio en Quintana Roo al contar con toda la información de las dependencias municipales en su plataforma digital”.

Nada más alejado de la realidad: en el sitio web del ayuntamiento de Benito Juárez se encuentra información que no corresponde con las obligaciones de transparencia, por ejemplo, “la remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos de base o de confianza, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación, señalando la periodicidad de dicha remuneración”, se completa con un oficio de marzo del 2015, referente al tabulador.

Por su parte, la ex priista Laura Fernández Piña y quien recientemente se afilió al PVEM ha destacado en su administración como una de las funcionarias más opacas, pues no solo ha incumplido con el rubro de transparencia en el sitio del ayuntamiento de Puerto Morelos, y en el SIPOT, sino su administración ha sido omisa en dar respuesta a ciudadanos que han tenido que transitar por un verdadero viacrucis para obtener información parcial y datos incompletos, al grado de que solo a través de un amparo promovido por un integrante del Congreso Nacional Ciudadano (Conaci) se logró obtener información sobre el número de empleados que tiene el ayuntamiento.



Además, la Unidad de Transparencia de Fernández Piña ha dejado de responder múltiples solicitudes de información, ha requerido prórrogas en todas las solicitudes de información para luego no responder o ha  proporcionado información con datos ilegibles. 

Laura Fernández es "transparente" solo en el discurso, pues el cuatro de mayo pasado, la Presidenta municipal de Puerto Morelos firmó con la Secretaria de la Gestión Pública el acuerdo de coordinación en materia de transparencia y combate a la corrupción. Allí Fernández Piña afirmó que el compromiso de su administración y de todos los funcionarios públicos es entregar cuentas claras a la ciudadanía que así lo exige. “Debemos tener gobiernos transparentes, cercanos a los ciudadanos y cumplir lo que se promete”, agregó.


Solidaridad, tarea a medias y mal hecha

Solidaridad (Playa del Carmen), municipio gobernado por Cristina Torres, política priista que fue arropada por la alianza PAN-PRD, al igual que el actual gobernador Carlos Joaquín González, es la que cumplió mayormente con el registro de datos en la Plataforma Nacional de Transparencia, comparada con el resto de los municipios de la zona norte de Quintana Roo, todos caracterizados por basar su economía en el turismo. Sin embargo, la calidad de los datos es en la mayoría de los casos parcial, incompleta e incomprensible.

Así en el la obligación relacionada con el marco normativo aplicable, tiene 81 registros; en  la de la estructura orgánica muestra 16 registros, de los cuales 15 corresponden al Instituto del Deporte y uno al Instituto de las Mujeres.   

La fracción IV del artículo 91 de la Ley de Transparencia que requiere información sobre “metas y objetivos de las áreas de conformidad con sus programas operativos”, el ayuntamiento de Solidaridad tiene 124 registros en los que todas las dependencias y áreas tienen el único objetivo de “cumplir con la responsabilidad ética de generar servicios de calidad con un manejo transparente y honesto de los recursos públicos”.

Sobre los  indicadores  relacionados  con  temas  de  interés  público  o  trascendencia  social que  conforme a sus funciones, deban establecer los sujetos obligados, se cuentan con 92 registros, de los que no se puede deducir información clara, comprensible y menos útil para el ciudadano. En similares circunstancias está la fracción VI, relativa a “los indicadores  que  permitan   rendir   cuenta  de   sus   objetivos y   resultados,   así   como indicadores  de  impacto  y  evaluación  de  los  proyectos,  procesos  y  toda  otra  atribución  de  funciones” espacio que no provee de información que el ciudadano pueda considerar como una verdadera rendición de cuentas.

El directorio de servidores públicos tiene 1,045 registros; en facultades del área, se tienen 196 registros; en gastos en gastos por concepto de viáticos se encuentran 128 registros, pero no se detalla quién utilizó los viáticos;  en contrataciones de servicios profesionales, figuran 44 registros pero sin especificar el monto pagado, la función o trabajo prestado ni la remuneración mensual.

Sobre la fracción XXVII relativa a “las  concesiones,  contratos,  convenios,  permisos,  licencias  o  autorizaciones  otorgados, especificando los titulares de aquéllos, debiendo publicarse su objeto, nombre o razón social del  titular,  vigencia,  tipo,  términos,  condiciones,  monto  y  modificaciones (…)”, se tienen 127 registros, de los cuales la mayoría son información de convenios de otorgamiento de créditos de programas y permisos de uso de la vía pública.  

En apartados como Ia remuneración bruta y neta no hay registro alguno, tampoco en el total de plazas vacantes y ocupadas del personal de base y confianza,  en la declaración de situación patrimonial, fiscal y de conflicto de intereses;  en las convocatorias a concurso para ocupar cargos públicos, en el padrón de beneficiarios de  programas  de  subsidios,  estímulos  y  apoyos; las  condiciones  generales  de  trabajo,  contratos  o  convenios  que  regulen  las  relaciones laborales del personal de base o de confianza, así como los recursos públicos económicos, en  especie o donativos, que sean entregados a los sindicatos y ejerzan como recursos públicos, sanciones administrativas, los   montos   destinados   a   gastos   relativos   a   comunicación   social   y   publicidad   oficial desglosada por tipo de medio, proveedores, número de contrato, temporalidad y concepto o campaña,  objeto de la misma, fecha de inicio y de término,

Los otros municipios de la zona norte que también incumplieron con la transparencia son Cozumel, gobernado por la panista Perla Tun, que registró información alguna en el SIPOT, en tanto que Isla Mujeres, administrado por el priista Juan Carrillo, registró mínimos datos.  

LEER: QROO OTRA VEZ FALLÓ EN TRANSPARENCIA. INCUMPLE CON PORTAL NACIONAL

lunes, mayo 08, 2017

QRoo otra vez falló en transparencia. Incumple con portal nacional

Fabiola Cortés Miranda 

Aunque la transparencia fue una promesa de campaña y sigue siendo el pan de todos los días en el discurso, tanto del gobernador Carlos Joaquín González, como de los alcaldes del estado, la realidad es que prevalece una casi total opacidad en la administración pública, y como muestra, la escasa información que los sujetos obligados han registrado en el  Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia, donde los ciudadanos pueden consultar los datos, información y archivos de todos los estados del país. 

Quintana Roo, estado que se encuentra en uno de los  últimos sitios en transparencia volvió a incumplir con esta materia pues luego de que este viernes cinco de mayo iniciara el funcionamiento del Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT) donde el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como los municipios, fideicomisos, órganos autónomos y otros sujetos obligados del estado debían registrar información relacionada con alrededor de 50 temas e indicadores entre los que se encuentran los contratos y convenios, el padrón de proveedores, la remuneración bruta y neta de cada empleado, el nombre de todas las personas contratadas por honorarios, la información curricular de funcionarios, las declaraciones patrimoniales de los mismos, el presupuesto asignado y la deuda pública, tanto las dependencias del gobierno de Carlos Joaquín González como los 11 municipios apenas y registran unos cuantos datos, además de que éstos son parciales o están incompletos.  

Secretaría de Finanzas no da cuenta ni de la deuda pública

Así por ejemplo, la Secretaria de Finanzas y Planeación (Sefiplan) no tiene siquiera información básica como las “facultades de cada área”, menos aún “la remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos de base o de confianza, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación, señalando la periodicidad de dicha remuneración”, tal como lo requiere la fracción VIII del artículo 91 de la Ley de Transparencia de Quintana Roo; carece de datos relacionados con contrataciones de servicios profesionales por honorarios, sobre la “Declaración de situaciones patrimoniales”, hay un registro de 184 datos, pero éstos se encuentran vacíos, es decir, sin información. Tampoco existe dato alguno sobre “deuda pública”.  


En la fracción XXVII del artículo 91, que obliga a la publicación de “las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquéllos, debiendo publicarse su objeto, nombre o razón social del titular, vigencia, tipo, términos, condiciones, monto y modificaciones, así como si el procedimiento involucra el aprovechamiento de bienes, servicios y/o recursos públicos, así  como las clausuras, multas, suspensiones, revocaciones o cualquier procedimiento administrativo que se realice, con sus resoluciones emitidas en el mismo, especificando la falta administrativa, los procedimientos, el fundamento, vigencia, tipo, términos,  condiciones y modificaciones”, la Sefiplan colocó 2 mil 483 registros, la mayoría de éstos licencias, donde solo se lee el nombre pero no se señala qué tipo de licencia, y el hipervínculo que debería remitir a la licencia, lleva a un micro sitio de trámites de la Sefiplan.

Oficina del Gobernador, sin obligación de rendir cuentas

Cabe destacar que entre las dependencias del Poder Ejecutivo registradas ante el SIPOT no está la Oficina del Ejecutivo (Gobernador), donde despacha Miguel Ramón Martín Azueta, quien cuenta con un presupuesto asignado de 113 millones de pesos para este año.

La que sí está es la Secretaria Particular del Ejecutivo, misma que apenas registra unos cuantos datos: carece por ejemplo de información sobre “metas y objetivos”, “gastos por conceptos de viáticos”, “información curricular”, “declaraciones de situación patrimonial”, e “información financiera sobre el presupuesto asignado, así como los informes del ejercicio trimestral del gasto”.

De la poca información que se pueden consultar está el “directorio de servidores públicos”, con 27 registros; y el de remuneración bruta y neta, con 104 registros, con el nombre y el sueldo bruto y neto de los empleados.  

Oficialía Mayor publica información… de la administración pasada

La Oficialía Mayor, en el apartado de “Directorio de servidores públicos”, solo tiene cinco registros, esto es cinco nombres; carece completamente de datos de información curricular, “remuneración bruta y neta de funcionarios”, y “declaraciones de situación patrimonial”. En el rubro de “información financiera” tiene dos registros con datos del 2016, esto es de la administración anterior. En el apartado del “Presupuesto por capítulo de gasto”, se redirecciona a la Secretaria de Finanzas. La dependencia carece también de información relativa al “inventario de bienes muebles”, y de “erogación de recursos por contratación de servicios”.

En la fracción XXVII del referido artículo 91 de la Ley, relativa a contratos y convenios, se tienen 25 convenios, todos de la administración pasada, y solo uno de la actual, pero en ninguno se tiene el hipervínculo que lleva al  documento, por lo que  solo se lee el nombre de la persona física o moral con la que se realizó.

Carlos Joaquín firmó plataforma de Transparencia en Publicidad Oficial, e incumple totalmente

Aunque el 22 de noviembre se anunció a través de Comunicación Social que el gobernador Carlos Joaquín firmó la carta de intención para aplicar la plataforma Transparencia en Publicidad Oficial, “con la que se fortalece la rendición de cuentas, la cultura de la transparencia, la participación ciudadana y el ejercicio del derecho de acceso a la información pública gubernamental en materia de publicidad oficial”, decía el boletín oficial, la realidad ha sido totalmente distinta, pues a la fecha, sigue sin transparentarse el gastos en comunicación social y publicidad oficial.


La Coordinación General de Comunicación tampoco subió información al SIPOT, incumplió hasta en lo mínimo, como hacer pública su estructura orgánica, la remuneración bruta y neta de todos los empleados, cuáles son sus metas y objetivos, el directorio de servidores públicos, la información curricular, la información financiera, (presupuesto asignado), y menos aún ha publicado las concesiones, contratos, convenios, permisos, etc.

Llama la atención que la fracción XXIII del artículo 91 de la Ley de Transparencia que exige que los sujetos obligados hagan pública la información de “los montos destinados a gastos relativos a comunicación social y publicidad oficial desglosada por tipo de medio, proveedores, número de contrato, temporalidad y concepto o campaña, objeto de la misma, fecha de inicio y de término, dependencia o dirección que la solicita”, en el SIPOT, irregularmente se cambió a “programa anual de comunicación social o equivalente”.

De la misma forma, la fracción XII que obliga a publicar “la información en versión pública de las declaraciones patrimoniales, declaraciones de no conflicto de intereses y declaraciones fiscales de los últimos 5 años, de los servidores públicos que determine la normatividad aplicable”, se acortó a solo la declaración patrimonial, dejando fuera la declaración fiscal y la de no conflicto de intereses.

Los once ayuntamientos del estado tampoco cumplieron con el registro de las alrededor de 50 obligaciones que irreductiblemente deben consignar, pues cargaron al SIPOT apenas unos cuantos datos.



Ante incumplimiento, INAI no sancionará. Da prórroga hasta 2018

El SIPOT tiene actualmente un registro de 7 mil 132 Sujetos Obligados en todo el país, al jueves 4 de mayo, se habían cargado más de 48 millones 138 mil registros, que a su vez contienen más de 600 millones de datos para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia.

De esos 48 millones, más de 22 millones 580 mil corresponden a registros publicados por los Sujetos Obligados de la federación, mientras que los más de 25 millones 557 mil registros restantes son de las entidades federativas, de acuerdo a información del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública (INAI).

El pasado 3 de mayo, en sesión extraordinaria del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, fueron aprobadas las directrices para para verificar la información que los Sujetos Obligados deben cargar en la Plataforma Nacional de Transparencia y en sus respectivos portales de internet.

Así mismo se aprobó un periodo de prórroga para el cumplimiento de las mismas que se dividirá en dos etapas: en la primera, las denuncias ciudadanas que sean presentadas por posibles incumplimientos en la publicación de la información por parte de los Sujetos Obligados no serán vinculantes, es decir no habrá sanción para el sujeto obligado que incumpla, y únicamente serán tomadas en cuenta para la elaboración del primer diagnóstico y corregir las faltas. El periodo para realizar la primera fase de verificaciones diagnósticas será del 8 de mayo al 14 de agosto de 2017.

Las acciones de la segunda etapa se realizarán del 15 de agosto de 2017 hasta el último día hábil de este año y en esta se busca que todas las fallas sean subsanadas.

En estas etapas, los Sujetos Obligados deberán ajustar la información cargada en el SIPOT de la PNT y en sus respectivos portales institucionales, teniendo como plazo máximo hasta el último día hábil de 2017.  Las denuncias que se presenten posteriormente a la conclusión de la segunda fase de verificación tendrán efectos vinculantes y serán tramitadas conforme a la Ley General y las respectivas leyes locales de transparencia, lo que implicaría la aplicación de medidas de apremio o sanciones para quienes incumplan con las obligaciones.

Los ciudadanos pueden consultar la “Guía de uso del Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT) de la PNT” en este link.

sábado, mayo 06, 2017

Dictan prisión preventiva contra ex funcionario de Roberto Borge. Podría salir libre bajo fianza

A prisión preventiva justificada por el tiempo que dure el proceso quedó sujeto Mauricio Rodríguez Marrufo, secretario general del Ayuntamiento de Benito Juárez (Cancún), y ex titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) en la administración de Roberto Borge Angulo, luego de la conclusión de la Audiencia inicial de Formulación de imputación que se llevó a cabo ante un Juez de Control en Chetumal, de acuerdo a información difundida en redes sociales por la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo.


Igualmente, para garantizar la reparación del daño, el Juez de Control que se ocupa de la carpeta 88/2017 decretó el embargo precautorio de los bienes del funcionario, quien ayer fue detenido en el hotel Le Blanc en la Zona Hotelera de Cancún, cuando asistió a la instalación de la Mesa de Seguridad y Participación Ciudadana.

Rodríguez Marrufo fue recluido en el Centro de Reinserción Social (Cereso) luego de que el Juez de control con residencia en Chetumal, otorgara una orden de aprehensión en su contra por el delito de daño patrimonial por alrededor de 39 millones de pesos, puesto que como titular de la Seduvi autorizó descuentos en la venta de propiedades del estado, de 20 a 93 por ciento de su valor real, lo que  generó un daño patrimonial por más de 39 millones de pesos.

El delito de desempeño irregular de la función pública del que se acusa a Rodríguez Marrufo se castiga con prisión de 6 meses a 3 años y con 30 a 200 días de multa, de acuerdo al artículo 207 del Código Penal vigente en Quintana Roo, por lo que el funcionario municipal podrá salir bajo fianza.  

viernes, mayo 05, 2017

Ni amparos los salvan. Ex funcionario de Roberto Borge tramitó juicio para no ser detenido

Fabiola Cortés Miranda

CANCÚN, MX.- A últimas fechas los juzgados federales con sede en Quintana Roo se encuentran saturados de amparos promovidos por ex funcionarios de la administración de Roberto Borge Angulo, todos en contra de autoridades ministeriales, jueces de control o del Congreso del estado en su calidad de órgano investigador en el caso de los juicios políticos.

Mauricio Rodríguez Marrufo, secretario general del Ayuntamiento de Benito Juárez (Cancún), y ex titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) en la administración de Roberto Borge Angulo, era uno de los funcionarios que habían buscado el amparo y protección de la justicia al promover al menos un amparo. El juicio de garantías de Rodríguez Marrufo quedó radicado en el Juzgado Quinto de Distrito bajo el número 513/2017, en contra del Agente del Ministerio Público y otras autoridades. El próximo ocho de mayo estaba programa la celebración de la audiencia incidental en la que se resolvería la suspensión en contra de una posible orden de aprehensión, sin embargo, un Juez de Control de Chetumal se le adelantó al funcionario y entregó la orden que policías ministeriales cumplimentaron este viernes cuando el titular de la Seduvi se encontraba en un evento público, en un hotel de Cancún.

Mauricio Rodríguez Marrufo fue denunciado por el secretario de la Gestión Pública, Rafael del Pozo, el 12 de diciembre de 2016, por los delitos de peculado, desempeño irregular de la función pública, abuso de autoridad y usurpación de funciones, relacionados con su la venta irregular de terrenos patrimonio del estado, durante la administración de Roberto Borge Angulo

De golpeador de mujeres a funcionario estelar

Mauricio Rodríguez Marrufo es hijo del ex procurador Bello Melchor Rodríguez y Carrillo, titular de la Notaría número 4 y obscuro Procurador de Justicia durante casi todo el sexenio de Félix González Canto. Rodríguez Marrufo fue de los primeros en incorporarse al gabinete de Borge Angulo, en abril de 2011. Desde el inicio, su nombramiento fue cuestionado pues se trataba de un joven sin ninguna trayectoria política, y tras de él, solo había un nefasto antecedente público: que en agosto de 2005, propinó una brutal golpiza y amenazó con matar a su entonces novia.

En su momento, el periodista Carlos Cantón Zetina (qepd) escribió: “El 27 de agosto de 2005, cuando tenía 26 años de edad, el hoy integrante del gabinete de Borge fue demandado ante el Ministerio Público de Cozumel por su novia Paola Muñoz de Cote, con la que presuntamente iba a casarse y a quien propinó una severa golpiza, incluso a patadas, en un ataque de celos. El hecho ocurrió en el departamento del Chavo, ubicado en las Villas Tortuga de la colonia San Miguel, en la isla. Ambos habían ingerido bebidas alcohólicas en una discoteca de Plaza Punta Langosta. Se instauró la averiguación previa número 1097/2005. Allí consta la declaración de la joven: la amenazó y a los padres de ella con que los “mataría y que nadie podría hacerle nada porque era hijo del Procurador”. La quejosa agregó que Mauricio “cada vez que se embriagaba actuaba de manera violenta y agresiva”. Recordó que anteriormente, cuando se encontraba con unas amigas en un bar de Playa del Carmen, el “Chavo” llegó acompañado de un agente de la Policía Judicial y --también por celos-- amedrentó con “desaparecerlas” (asesinarlas) a todas. ¿Cuál fue la reacción de “papá Melchor”?. Justificar implícitamente el artero ataque de su hijo: “es un asunto privado y familiar, no tiene por qué ventilarse públicamente”. Y premiarlo con un viaje de descanso al extranjero. Inaceptable en un procurador de Justicia. O sea, la impunidad.”

Otros funcionarios buscan amparos

Otro de los funcionarios que ha tramitado al menos tres amparos para no ser detenido es Hugo Favio Bonilla Iglesias, director de Ingresos Coordinados de Benito Juárez y suplente del Auditor Superior Javier Zetina González, quien en marzo pasado fue denunciado por el regidor perredista Antonio Meckler por un faltante de 48 millones de pesos cuando se desempeñó como Director de Ingresos en la pasada administración del priista Paul Carrillo de Cáceres.

La denuncia del Concejal se basa en el hecho de que la Dirección de Ingresos, entonces a cargo de Bonilla Iglesias, alteró las tablas catastrales para cobrar discrecionalmente el impuesto predial, lo que causó un quebranto a las arcas municipales de alrededor de 48 millones de pesos.

Hugo Favio Bonilla Iglesias tiene los amparos 490/2017, 513/2017 y 520/2017 en contra ambos de actos del Ministerio Público, de la Fiscalía General del estado y del Juez Segundo de Control de Cancún.

Amparado también se encuentra el magistrado Carlos Alejandro Lima Carvajal reconocido públicamente como uno de los principales ejecutores de los despojos de predios, hoteles y departamentos en Tulum, Playa del Carmen y Cancún.

Lima Carvajal promovió el amparo 483/2017 en contra del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, que acordó enviar a la XV Legislatura el expediente abierto en su contra luego de que no presentará su declaración patrimonial dentro de los 60 días de haber entrado en funciones.


Lima Carvajal, uno de los hombres más cercanos a Roberto Borge, fue titular del Registro Público de la Propiedad y el Comercio, desde donde se operaron los despojos y fraudes inmobiliarios más grandes y escandalosos en la historia de México, en junio del 2016, fue nombrado Magistrado, como parte del paquete de impunidad aprobado por la XIV Legislatura, con mayoría priista-pevemista, para blindar a Borge Angulo y a la vez blindar a sus cómplices. 
 
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